Sigamos con el testimonio que está dando la iglesia católica ante la opinión pública española.
Huelga decir que yo apoyo que los profesores de religión han de ser de conducta cristiana, si es que enseñan cristianismo y se dicen católicos. Pero mucho me temo, que la iglesia catolica va a tener dificultades en encontrar profesores católicos, comprometidos con Cristo y nacidos de nuevo, de vida regenerada.......aunque, como se dice aquí en Cataluña : "Pagando, hasta san Pedro canta"
Veamos otra polémica que hay en la sociedad española actualmente, el pago de favores a la iglesia.
http://www.abc.es/Sociedad/noticia.asp?id=45989&dia=hoy
Antonio Cañizares, presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza. ABC
Sociedad>>Religión
Profesores denuncian que algunas diócesis les obligan a pagar un «impuesto revolucionario»
MADRID. Jesús BastanteCASTELLÓN. Lorena Pardo
La Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (Feper) denunció ayer la existencia de un «impuesto revolucionario», como «el pago anual de una cantidad en metálico, cooperación con las parroquias, contribución para algún regalo o la realización de cursos», que se vincula con la contratación o no de estos docentes. La Comisión Episcopal de Enseñanza asegura no tener constancia de estos abusos.
El sindicato de los profesores de Religión Católica -que agrupa a 2.000 de los 13.000 docentes- acusó ayer a la Iglesia de practicar «terrorismo» con el colectivo de enseñantes de Religión, al exigirles el pago de un «impuesto revolucionario» para las arcas eclesiásticas y de actuar con la «arbitrariedad más absoluta». El sindicato presentó -además de los casos de las profesoras de Almería, Canarias y Málaga- otras situaciones de discriminación, a partir de las que se han planteado más de 150 demandas por despido improcedente. «Algunas Diócesis -entre otras, Canarias, Castellón, Madrid y Getafe- vinculan la contratación a unas condiciones tan arbitrarias como el pago anual a la Diócesis de una cantidad en metálico, la cooperación con las parroquias, la contribución para algún regalo al Obispo recientemente ordenado» o cursos impuestos por la Conferencia Episcopal «y no reconocidos oficialmente. Lo consideramos un «impuesto revolucionario» del que depende nuestro futuro trabajo», señaló el presidente del sindicato, Luis Guridi.
TRATO DE FAVOR
Entre los casos más llamativos se encuentra el de un docente de Cataluña, que denunció un cambio de traslado ante el Tribunal de lo Social, y éste le dio la razón. «Al año siguiente -apunta el informe-, la jerarquía le retiró la propuesta de idoneidad sin necesidad de dar ninguna explicación». En el caso del Arzobispado de Pamplona, se le imputa un presunto «trato de favor» otorgado por el delegado diocesano de enseñanza, «que propone a su hermana y la Administración la nombra como profesora de Religión, con horario completo, cuando hay muchos profesores con muchos años de servicio con media jornada».
Feper denunció además que la Administración «hace una flagrante dejación de sus funciones, poniendo en manos de la Jerarquía católica unos poderes, que debiendo ser públicos, dejan en clara indefensión al trabajador». «La función de la Jerarquía sólo es realizar la propuesta -subrayó Guridi-, pero como consecuencia de la dejación de funciones de la Administración, los delegados diocesanos están dictando las jornadas y horarios que corresponden a estos profesores».
Para los docentes, «los Acuerdos sobre enseñanza de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede dicen que la Administración nombrará «entre aquellos» propuestos por el Obispo», de lo cual dicen que se desprende «la posibilidad, necesidad e incluso la obligatoriedad de una selección objetiva por parte de la Administración, de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y publicidad», lo cual -señala el sindicato- «nunca se ha cumplido».
No obstante, Feper entiende que «no son los Acuerdos de 1979 los que producen estas situaciones de precariedad y arbitrariedad laboral, sino la interpretación de los mismos de forma unilateral, interesada y torticera por parte de la Administración y de la Jerarquía». Por ello, reclaman «que se aplique el ordenamiento jurídico en su totalidad» y aseguran que si se continúa con la aplicación partidaria e interesada de los mismos «exigimos la inmediata revisión de estos Acuerdos».
PLENA LEGALIDAD
Por su parte, la Comisión Episcopal de Enseñanza señaló ayer que no tiene constancia de estos abusos laborales a profesores de Religión, pero «se interesará y se informará al respecto». Además, la Conferencia Episcopal hizo referencia al comunicado que emitió el pasado día 5 sobre la no renovación de los docentes de Almería y Canarias y señaló que defiende la plena legalidad de las actuaciones de los obispos y que éstos no tienen obligación de dar razón alguna. El obispo de Canarias, Ramón Echarren, señaló al respecto que su Obispado «no ha despedido a nadie, sino que hemos ejercido el derecho, que además ampara la Constitución, de presentar o no ante las autoridades educativas a quienes tienen que dar clase de Religión».
«DESPRECIADA Y HUMILLADA»
Precisamente, la profesora canaria despedida, Carmen Galayo, manifestó ayer que se ha sentido «horriblemente despreciada y humillada» y declaró haber pasado por un «calvario». Asimismo, afirmó que cuando decidieron no renovarla hace un año la tildaron de «pecadora». Galayo Macías ha presentado la primera denuncia contra el Gobierno de España por considerar que la actitud laboral del Obispado de Canarias va en contra de la Constitución. Otra docente no renovada, Francisca Urbano, explicó que lo que le han hecho «es una injusticia a la persona» y se trata de un grave problema laboral, ya que se considera miembro de la Iglesia.
Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, solicitó al Ejecutivo que «modifique los criterios de renovación de los profesores de Religión ya contratados por las autoridades educativas» y argumentó que «lo primero es que el Gobierno reponga en sus puestos, injustamente cesados, a las profesoras».
El nuevo estatuto redactado por el Obispo de la diócesis Segorbe-Castellón, Juan Antonio Reig Plá, para la regulación de Cáritas Diocesana en la provincia, ha provocado la dimisión en bloque de la dirección y Asamblea de la entidad.
Los hechos se remontan al pasado 16 de agosto cuando Cáritas recibió por correo en su sede el nuevo estatuto de regulación de la misma, elaborado y aprobado sin dar cuenta previa a los órganos de representación de Cáritas Diocesana, con lo que según los denunciantes, el obispo podría haber incurrido en una vulneración del estatuto vigente. El nuevo marco resta capacidad de decisión a la Asamblea, cuyos miembros serán nombrados por el prelado sin necesidad de oír a la entidad.
Reig Plá asegura que la aprobación de estos estatutos responde al empeño de dar un nuevo impulso a la ONG y al deseo de adecuar su funcionamiento al espíritu del Concilio Vaticano II.
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http://www.elmundo.es/elmundo/2001/09/10/sociedad/1000145581.html
Martes, 11 de Septiembre de 2001 Actualizado a las 00:23
EDUCACION | 'IMPUESTO REVOLUCIONARIO'
Profesores de Religión acusan a la Iglesia de exigirles dinero a cambio de conservar su empleo
La FEPER asegura que algunas diócesis vinculan la continuidad de los docentes al pago de cantidades en metálico
EFE
A D E M A S
La Federación de profesores de religión denuncia los contratos abusivos de la Conferencia Episcopal (WMedia/Real)
MADRID.- La Federación Estatal de Profesores de Religión (FEPER) ha denunciado que "algunas diócesis vinculan" la continuidad de los docentes a "un impuesto revolucionario", como "el pago anual de una cantidad en metálico, cooperación con las parroquias, contribución para algún regalo o la realización de cursos".
El presidente y vicepresidente de FEPER, Luis Guridi y Alfredo Sepúlveda, respectivamente, expusieron la situación y "precariedad laboral" de este colectivo, después de que se conociera que tres profesoras en Almería, Málaga y Canarias han sido apartadas de la docencia por razones relacionadas con su vida privada, y que "son la punta del iceberg".
Los representantes de esta federación, que agrupa a 2.000 profesores, aportaron un dossier con documentación sobre casos de ceses, cambios de jornadas o traslados, y denunciaron que la Administración "hace dejación de sus funciones dejando que la Conferencia Episcopal campe a sus anchas".
"Algunas diócesis vinculan unas condiciones tan arbitrarias como el pago anual de una cantidad en metálico, cooperación con las parroquias, contribución para algún regalo al Obispo, cursos impuestos por la Conferencia Episcopal, no reconocidos oficialmente", o incluso, prosigue la FEPER, "exigen que el profesor haga un juramento de fidelidad a su Obispo".
La federación incluyó fotocopias de documentos de la Diócesis de Getafe, Las Palmas de Gran Canaria, o de La Laguna, que hacen referencia a la realización de "donativos" para la Delegación, para hacer un regalo al recién nombrado obispo auxiliar, o recuerdan que debe realizarse el curso "Evangelización".
Miedo
Según sus representantes, se trata de "un impuesto revolucionario", y además de reconocer que "hay miedo" entre los docentes, criticaron que "a algunos de los nuevos profesores les prohíben la pertenencia a FEPER o estar sindicados".
"Están llegando noticias de que la Jerarquía utiliza ese nombramiento para premiar a sus fieles y castigar a los díscolos", aseguran los representantes de este colectivo, quienes reivindicaron que su relación laboral es con la Administración, no con la Jerarquía Eclesiástica.
El trabajo de estos docentes en los colegios públicos "es un servicio público que se ofrece a los ciudadanos a través de la Administración y no un servicio que se hace a la Jerarquía", según FEPER, que considera que la Administración debe hacer "una selección objetiva" de los docentes entre aquellos que propone el Obispo.
A su juicio, no son los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 los que producen "estas situaciones de precariedad", sino la "interpretación de forma unilateral, interesada y torticera por parte de la Administración y la Jerarquía, fuera de nuestro ordenamiento jurídico", incluida la Constitución.
Atentado contra los derechos fundamentales
"No podemos hacer un Estado paralelo dentro de otro con una legislación distinta para los trabajadores", argumentó Sepúlveda, para quien se están "lesionando los derechos fundamentales".
Por ello, piden que se cumpla el ordenamiento jurídico, para que los docentes tengan reconocidos sus derechos laborales, porque si continúa la situación actual (con 150 casos de denuncias ante los juzgados entre profesores de religión de Primaria), "exigiremos la inmediata revisión" de los mismos.
Asimismo, Guridi denunció la situación en la Comunidad de Madrid, donde se produce "persecución y represalias" al grupo de profesores que "no firmó el contrato-basura" de 1999.