El fenómeno argentino. Miley

De la supuesta estabilización macro a la acumulación de tensiones fiscales, cambiarias y sociales​

Desequilibrios múltiples​

La narrativa oficial, basada en la celebración del ajuste fiscal, la caída de la inflación y un ficticio “orden macroeconómico”, omite las inconsistencias estructurales en las cuentas públicas, en el frente externo, en la capacidad de repago de la deuda, en el plano productivo y en materia social, con una creciente divergencia entre los equilibrios nominales de corto plazo y los desequilibrios reales de fondo.​

Por Pablo Tigani *​

La economía argentina, hacia el cierre del primer semestre de 2025, exhibe un cuadro de estabilización macroeconómica formal que ha sido elogiado por voceros oficiales y algunos actores del mercado financiero, pero que, bajo un examen más riguroso, revela una acumulación peligrosa de desequilibrios estructurales, inconsistencias intertemporales y creciente fragilidad externa. El gobierno de Javier Milei ha logrado, en tiempo récord, un ajuste fiscal equivalente al 4,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PBI), cifra que asciende a 12.9 por ciento si se incorpora el recorte del déficit cuasifiscal del Banco Central.
El actual modelo económico combina un tipo de cambio real apreciado, contracción monetaria, licuación del gasto social, e ingreso de divisas vía colocaciones en moneda dura sin acumulación genuina de reservas.



Si bien la inflación ha descendido sustancialmente desde los niveles de emergencia -impulsados por el mismo gobierno de Milei, que duplicó el peor mes del presidente Alberto Fernández- de diciembre de 2023 (25 por ciento mensual) hasta ubicarse en 1,6 por ciento en junio de 2025, este logro se ha conseguido a costa de una drástica caída del salario real, un deterioro agudo de los indicadores laborales, una creciente desigualdad en el acceso al consumo y una recesión selectiva que afecta sobre todo a sectores de ingresos bajos y medios. En efecto, el consumo de alimentos permanece por debajo del promedio de 2023, mientras que las ventas de autos y los gastos con tarjetas en el exterior muestran incrementos interanuales superiores al 80 por ciento, lo que refleja una recomposición sesgada del consumo en favor de los estratos más acomodados.

En paralelo, la cuenta corriente ha vuelto a terreno negativo, con un déficit acumulado de 4.805 millones de dólares en los primeros cinco meses del año, mientras que el superávit comercial se redujo 78 por ciento interanual, producto del fuerte crecimiento de las importaciones (+34,3 por ciento) frente a un exiguo aumento de las exportaciones (+2,6). Las reservas netas, según la metodología del Fondo Monetario Internacional, se mantienen en valores negativos: -4.320 millones de dólares excluyendo vencimientos próximos, y -7.705 millones si se incluyen pasivos contingentes.
En el plano fiscal, si bien el superávit primario ha sido utilizado como principal ancla de credibilidad, los datos muestran que esta mejora está siendo sostenida por componentes transitorios y por una política de capitalización de intereses que oculta parte del deterioro intertemporal de las cuentas públicas. En los primeros cinco meses del año, el Tesoro devengó 23.422 mil millones de pesos en intereses capitalizados, un pasivo que no solo genera una carga futura creciente, sino que también socava la transparencia del ajuste. Este fenómeno remite a experiencias pasadas de contabilidad creativa en América Latina, donde los ajustes fiscales basados en maquillaje financiero terminaron agravando los ciclos de crisis.

En este contexto, el tipo de cambio real multilateral (TCRM) se encuentra en niveles de apreciación comparables a los observados antes de la devaluación exigida por el FMI en agosto de 2023. Con un TCRM de 1.203 pesos por dólar, 32 por ciento por debajo de su promedio histórico, el peso se encuentra peligrosamente sobrevaluado. Esto no solo reduce los incentivos a la producción local y a las exportaciones, sino que genera un sesgo pro-importaciones que acentúa la vulnerabilidad externa.
Además, la economía argentina enfrenta necesidades de divisas por aproximadamente 135.000 millones de dólares entre 2025 y 2027. Esta cifra incluye déficits proyectados de cuenta corriente (55.000 millones), demanda privada de activos externos (47.000 millones), vencimientos de deuda (26.700 millones) y colocaciones del Tesoro (6.000 millones), que difícilmente puedan ser cubiertas sin acceso pleno y sostenido a los mercados de capital internacionales. Sin embargo, la desconfianza creciente de los inversores, expresada en la caída del BONTE 2030 (-7,5 por ciento desde su pico), el bajo rollover en las últimas licitaciones (apenas 58,9 por ciento en junio) y el riesgo país persistente por encima de los 700 puntos básicos indican que ese acceso aún no está garantizado.

A nivel social, la aparente mejora en los indicadores de pobreza -que descendió del 50 al 31,7 por ciento según el Ministerio de Capital Humano- contrasta con la persistencia del estrés económico. De acuerdo con la Universidad Católica Argentina, el 50 por ciento de los hogares declara no llegar a fin de mes, aun cuando no sean pobres por ingreso. Este desajuste entre la pobreza estadística y la percepción subjetiva del bienestar refleja una economía dualizada, donde conviven segmentos ganadores de la estabilización financiera con una vasta mayoría afectada por el encarecimiento de bienes esenciales, la informalización del empleo y la pérdida de cobertura estatal.
Las señales de advertencia se acumulan: tres de los principales bancos globales -JP Morgan, Barclays y MSCI Morgan Stanley- han expresado reservas explícitas respecto a la viabilidad del programa económico actual. El Financial Times ha calificado la estrategia oficial como “una combinación inestable de ortodoxia fiscal extrema y ficción monetaria”. La percepción del mercado respecto a la sostenibilidad macrofinanciera se encuentra en una zona de creciente escepticismo.

Ilusión de control​

La economía argentina, en resumen, se encuentra en una situación de estabilidad macroeconómica superficial, construida sobre cimientos profundamente frágiles. La narrativa oficial, basada en la celebración del ajuste fiscal, la caída de la inflación y el supuesto “orden macroeconómico” alcanzado, omite de manera sistemática las inconsistencias estructurales, las vulnerabilidades intertemporales y la creciente divergencia entre los equilibrios nominales de corto plazo y los desequilibrios reales de fondo.
En términos de actividad económica, la desaceleración del crecimiento ya es visible: el PBI creció solo 0,8 por ciento en el primer trimestre del año, frente a un 16,4 anualizado en el tercer trimestre de 2024. Este freno se da en un contexto donde el consumo privado sigue siendo el principal componente de la demanda agregada, pero con una composición cada vez más regresiva.

El incremento en el gasto se concentra en bienes suntuarios y de alto valor importado -autos, electrodomésticos, turismo exterior- mientras que el consumo básico, como alimentos e indumentaria, sigue deprimido. Esta polarización del consumo refleja un patrón de crecimiento desigual, donde las clases altas expanden su gasto gracias a la valorización de activos financieros y el acceso al crédito, mientras las clases medias y bajas enfrentan la erosión de su poder adquisitivo.
El mercado laboral confirma este diagnóstico de exclusión creciente. El desempleo subió al 7,9 por ciento en el primer trimestre de 2025, la informalidad avanzó 4,2 por ciento interanual, y el salario real continúa su trayectoria descendente. El ajuste fiscal ha implicado una licuación masiva de los ingresos del sector público, una retracción de la obra pública y una drástica caída en las transferencias a las provincias, lo que ha derivado en despidos, pérdida de empleo registrado y precarización laboral.

El “estrés económico subjetivo”, medido por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, afecta hoy al 50 por ciento de la población, lo que señala una desconexión alarmante entre los indicadores macroeconómicos y la percepción de bienestar de la sociedad.
Por su parte, el frente externo muestra signos de agotamiento. La estrategia de emitir instrumentos de deuda a no residentes, con tasas del 40 por ciento y vencimientos de 30 a 60 días, construye un perfil de pasivos de altísima fragilidad, expuesto a cualquier giro de expectativas. Las metas con el FMI no se cumplen, y las fuentes genuinas de divisas (exportaciones, inversión directa) no alcanzan para cubrir ni siquiera los vencimientos más inmediatos.
La política fiscal, como se indicó, lejos de reflejar un superávit sostenible se basa en un ajuste contable que oculta el verdadero costo intertemporal de la consolidación. La capitalización de intereses de la deuda -que en los primeros cinco meses del año ya equivalen al 8,3 por ciento del PBI- transforma un supuesto equilibrio en un déficit latente. Esta práctica, aunque formalmente legítima, compromete la transparencia institucional, posterga las obligaciones fiscales y transfiere el ajuste hacia el futuro, en forma de mayores vencimientos, tasas más altas y credibilidad erosionada. La narrativa de la “austeridad virtuosa” es, en realidad, una construcción técnica que disimula la insostenibilidad creciente de las finanzas públicas.

En el centro de este modelo se encuentra el tipo de cambio real, utilizado como ancla antiinflacionaria y como símbolo de “normalización”. Pero esta política reproduce todos los elementos que llevaron al colapso de programas similares en América Latina: sobrevaluación cambiaria, déficit externo creciente, ingreso de capitales volátiles y represión del crédito productivo.
Las necesidades externas de Argentina son imposibles de satisfacer con el esquema actual. El país necesita recuperar acceso pleno a los mercados internacionales, algo que hoy parece lejano dada la fragilidad institucional, la incertidumbre política y la baja credibilidad del programa económico. Sin un shock externo positivo o un cambio profundo en la estrategia macroeconómica, la corrección del tipo de cambio será inevitable, y cuanto más se demore, más costosa será.

Frente a este panorama, el país enfrenta tres opciones.
  • La primera, una corrección anticipada y planificada, que implique sincerar el tipo de cambio, renegociar con el FMI, y acompañar el ajuste externo con reformas productivas, inversión pública selectiva y políticas de protección social.
  • La segunda, mantener el statu quo, apelando a la represión financiera, controles discrecionales y más endeudamiento, lo cual solo prolongará la inestabilidad.
  • La tercera, la más peligrosa, es una crisis de balanza de pagos forzada por los mercados, con maxidevaluación, aceleración inflacionaria, fuga de capitales y desarticulación política. La historia reciente de Argentina -2001, 2018- muestra que este tercer escenario es tan posible como costoso.
La pregunta, entonces, no es si habrá ajuste, sino en qué condiciones se dará: ¿con anticipación y racionalidad, o con urgencia y colapso? ¿Con legitimidad social, o con represión política? ¿Con un nuevo pacto distributivo, o con más exclusión? La respuesta dependerá no solo de las decisiones del equipo económico, sino de la capacidad del sistema político, de la sociedad civil, del empresariado y de los organismos multilaterales de actuar con responsabilidad, visión estratégica y sensibilidad social.
Argentina no necesita una estabilización nominal que excluya a la mayoría de su población. Necesita una estrategia de desarrollo inclusivo, con anclaje productivo, diversificación exportadora, fortalecimiento del mercado interno y sostenibilidad macroeconómica. El ajuste no puede recaer siempre sobre los mismos sectores. La confianza no se compra con tasas del 40 por ciento ni con comunicados de Wall Street; se construye con políticas creíbles, instituciones sólidas y resultados concretos.

Si Argentina no modifica este rumbo, corre el riesgo de repetir una vez más el ciclo que tanto daño le ha hecho: promesas de estabilidad seguidas de colapsos, ajustes tardíos, pérdida de capital humano y una nueva generación que crecerá en la frustración.
Como advirtiera RaúlPrebisch hace más de medio siglo, los países que no controlan su estructuraeconómica están condenados a ser rehenes de sus desequilibrios. Hoy, laestructura argentina no se define por sus capacidades productivas, sino por suslimitaciones financieras. Si el futuro ha de ser distinto, el cambio debecomenzar por allí.
* Director Fundación Esperanza.

​

 
Hay que estar conectado o registrado para responder aquí.
Arriba Pie
Atrás