Represión de grupos espirituales y religiosos
Continuó la represión contra el movimiento espiritual Falun Gong, cuyos miembros, según los informes, fueron objeto de numerosas detenciones arbitrarias. La mayor parte de los detenidos fueron enviados a cumplir periodos de “reeducación por el trabajo” sin haber sido acusados ni sometidos a juicio. Durante esos periodos corrían un gran peligro de ser objeto de torturas y malos tratos, especialmente si se negaban a renunciar a sus creencias. Otras personas fueron recluidas en prisiones y en hospitales psiquiátricos. Según fuentes de Falun Gong en el extranjero, desde su prohibición, en 1999, más de 1.000 personas detenidas en relación con este movimiento habían muerto, la mayoría como consecuencia de tortura o malos tratos.
Otros grupos religiosos no oficiales y organizaciones consideradas “heréticas” también estuvieron en el punto de mira. Aumentó el número de informes recibidos sobre detenciones y reclusiones de integrantes de grupos cristianos no autorizados y de miembros de “casas iglesia” protestantes no oficiales. Las personas que intentaron documentar estas violaciones de derechos humanos y enviar informes a otros países también corrieron peligro de ser detenidas.
En agosto, el Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou condenó a Zhang Shengqi, Xu Yonghai y Liu Fenggang, tres activistas protestantes independientes, a uno, dos y tres años de prisión respectivamente por “filtrar secretos de Estado”. Los cargos se referían al envío al extranjero de información sobre la represión contra los protestantes y el cierre de iglesias no oficiales en la zona....
Tortura, detención administrativa y juicios injustos
Se siguieron recibiendo informes de torturas y malos tratos en una gran variedad de instituciones estatales, pese a la introducción de diversas normativas nuevas destinadas a poner freno a esta práctica. Los métodos habituales de tortura incluían dar a la víctima patadas y golpes, aplicarle descargas eléctricas, colgarla por los brazos, mantenerla con grilletes en posturas dolorosas e impedirle dormir y comer. Las injerencias políticas en el Estado de derecho, las restricciones en el acceso de los detenidos al mundo exterior, y el hecho de que no se creasen mecanismos efectivos de presentación de denuncias e investigación siguieron siendo factores clave que permitieron que esta práctica aumentase.
Las autoridades anunciaron de forma oficial su intención de reformar la “reeducación por el trabajo”, un sistema de detención administrativa utilizado para detener a cientos de miles de personas durante periodos de hasta cuatro años sin cargos ni juicio. Sin embargo, siguieron sin estar claros el alcance y la naturaleza exacta de la reforma.
Se siguió negando el debido procedimiento legal a personas acusadas tanto de delitos políticos como de delitos comunes. Persistieron las severas restricciones al acceso de los detenidos a abogados y familiares, y los juicios distaron mucho de cumplir las normas internacionales de justicia procesal. A las personas acusadas de delitos relacionados con “secretos de Estado” o “terrorismo” se les restringían sus derechos legales y se las juzgaba a puerta cerrada.
En octubre, organizaciones vinculadas a Falun Gong en el extranjero hicieron públicas imágenes de vídeo en las que se veía a Wang Xia, una mujer que había salido recientemente de la prisión de Hohhot, en Mongolia Interior, donde había cumplido dos años de una condena de siete por distribuir material de promoción del movimiento Falun Gong. Tenía un aspecto escuálido y varias cicatrices en el cuerpo. Según los informes, después de iniciar huelgas de hambre para protestar por su detención la habían atado a una cama, la habían colgado, le habían inyectado sustancias desconocidas y le habían aplicado descargas con porras eléctricas.
http://web.amnesty.org/report2005/chn-summary-esl
