http://www.elmundo.es/2002/07/14/cronica/1183007.html
VIOLADAS Y, LUEGO, ENCARCELADAS
DAVID JIMÉNEZ
Nunca hasta la semana pasada había el mundo caído en la cuenta de los datos que pequeñas ONG locales venían tratando de hacer públicos en Pakistán: una mujer es atacada sexualmente cada dos horas en el país asiático, la mitad de las víctimas son menores y si apenas hay denuncias es porque las víctimas son sistemáticamente condenadas a penas que van desde la cárcel a la lapidación por los delitos de adulterio o fornicación premarital. El presidente Pervez Musharraf, sin embargo, ya ha avisado de que no cambiará nada, de que la legislación al respecto de la condición sexual de la mujer seguirá vigente. La principal causa de que Pakistán se haya convertido en una tierra donde los autores de una violación se saben impunes es la ley Zina, también conocida como las ordenanzas Hudood.
El nombre de ese ordenamiento legal tiene su origen en su autor, el ex presidente paquistaní Zia ul-Haq. Los decretos islámicos Hudood, que deben ser aplicados dentro del sistema legal supuestamente secular del país, fueron impuestos hace dos décadas por el dictador paquistaní dentro de su programa de islamización de Pakistán, e incluyen la amputación de las manos a los ladrones, los latigazos por beber alcohol y la lapidación por adulterio. Aunque las más medievales de esas medidas ya no se aplican, aquellas que afectan a las mujeres han sido mantenidas e incluso radicalizadas.
Así, el testimonio de cuatro musulmanes varones «de buen carácter» debe atestiguar que ha habido penetración para que la versión de una mujer tenga alguna credibilidad (no importa el número de testigos femeninos) en un caso de violación. Cuando la víctima no puede aportar los testigos -algo que ocurre casi siempre-, el juez desestima la denuncia y procesa a la mujer por mantener relaciones sexuales ilícitas. El resultado es que entre el 75% y el 90% de las mujeres encarceladas en Pakistán han sido acusadas bajo la ley Zina.
El juez paquistaní moderado Javid Iqbal explica la contradicción con una sola frase: «Las mujeres que denuncian una agresión sexual son culpables hasta que demuestran su inocencia».
La legislación y su letra pequeña han hecho posible que médicos, jueces, abogados, policías y autoridades de una sociedad radicalmente conservadora hayan denegado hasta ahora la existencia de miles de casos de violación y de paso hayan hecho imposible que las mujeres se atrevan a denunciar las agresiones. En el estado de Punjab una mujer es violada cada seis horas, pero sólo 321 osaron denunciar los abusos el pasado año.
Sería difícil encontrar hoy un país donde la mujer se encuentre en peores condiciones que en Pakistán. Entre el 79% y el 90% de ellas son víctimas de abusos domésticos, una de cada cuatro es violada en algún momento de su vida y, en las zonas rurales, se impone un código por el que un hombre puede impunemente matar a una mujer alegando que su honor ha sido mancillado.
Para las víctimas de violación el sistema no hace distinción por edades ni condición. Un informe de Human Rights Watch (Observatorio de los Derechos Humanos) revela cómo las menores que acuden a un hospital o centro médico tras ser violadas deben pasar una prueba en la que se establece si la niña ha «tenido relaciones habituales previas» según el número de dedos que pueden introducirse en su vagina («Si admite dos dedos, está acostumbrada al sexo»).
Los médicos también tratan de establecer si la víctima era virgen antes del supuesto ataque. Aquellas que no pasan el test son rechazadas como posibles víctimas y, en ocasiones, enviadas a un juzgado acusadas de fornicación. «La práctica se hace a pesar de la nula credibilidad científica de esas pruebas e ignorando el resto de señales (heridas) que corroborarían el abuso», según denuncia la organización humanitaria. De nuevo la ley Zina es interpretada para condenar a las mujeres agredidas.