LA TRAGEDIA DE CHIAPAS:
Muerte, castración o exilio
Oscar Moha
San Juan Chamula, Chiapas.- Referirse a este poblado, ubicado en la frontera sur de México, es hablar de intolerancia religiosa, vejaciones, torturas, amenazas y asesinatos. Todo ello con el conocimiento de las más altas autoridades locales y federales, indicó a este reportero Abner López, dirigente nacional de la Iglesia Nacional Presbiteriana en México.
A 10 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, municipio donde el obispo católico Samuel Ruiz García hacía alusión en todas sus homilías a la defensa de los derechos humanos, San Juan Chamula es escenario, de una sistemática violación de las garantías individuales, y de los derechos humanos en general.
Hay casos extremos: una niña indígena violada tumultuariamente, delante de sus padres, a quienes posteriormente los asesinaron, por 13 caciques; hombres desnudados en la plaza central y azotados para "escarmiento" de los demás; jóvenes a quienes les introdujeron puñados de cal en la boca para asfixiarlos; hombres que fueron desollados y castrados, todo ello con el consentimiento de la presidencia municipal del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) de San Juan Chamula.
Según constató, casi todos los crímenes se han quedado impunes. La violencia e intolerancia se han manifestado en amenazas, expulsiones, detenciones ilegales, asesinatos y la privación de la educación de los niños evangélicos.
A pesar de que el Artículo 3 Constitucional establece que la educación en México es obligatoria, laica y gratuita, en pleno año 2000 a por lo menos 125 niños indígenas les ha sido negado el acceso a las escuelas primarias, ya que sus padres pertenecen a alguna de las Iglesias Presbiteriana, Nazarena o Pentecostal.
Testimonios de muerte
En los últimos meses de 1997, dos de los directivos de la Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas (OPEACH), el secretario Manuel Hernández y el tesorero Salvador Collazo Gómez fueron asesinados a balazos por desacuerdos previos con los caciques locales que no aceptaban a los evangélicos y que los indígenas puedan ser ayudados para progresar.
El 12 de noviembre de 1997, Salvador Collazo fue emboscado por los Caciques de la comunidad de Cruz Ch'ot, y al recibir 15 impactos, murió en presencia de su madre. También fue acribillado su acompañante Marcelino Pérez López.
En los parajes de Arbenza I y II (de San Juan Chamula) la intolerancia se vive casi a diario, aunque los problemas comenzaron desde 1993. Varias familias evangélicas fueron expulsadas a la fuerza en agosto del mismo año.
Desde hace más de 8 meses, unas 40 familias, incluyendo niños recién nacidos deben dormir en el auditorio de Zinacantán, poblado situado a más de 80 kilómetros de San Juan Chamula, luego de que fueron expulsados desde principios de 1999 de su misma comunidad. Con un frío que en ocasiones llega a los 4 grados bajo cero, los evangélicos dicen que tienen la esperanza de regresar a su natal Chamula, pues ahí nacieron y ahí desean morir en paz.
Aunque las autoridades locales y federales reconocen que el número de evangélicos ha crecido hasta en un 600 por ciento en los últimos 10 años, la Iglesia católica dice desconocer esas cifras.
Según el último reporte de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en el estado hay ya un 40 por ciento de miembros de otros credos, en tanto que el catolicismo se ha visto mermado por el boom de las nuevas doctrinas.
Problema religioso convertido en político
Abdías Tovilla Jaime, líder de los expulsados en Chiapas, ha impartido conferencias incluso en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza. Comenta que él mismo ha tenido que desmentir, vía Internet a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que trató de ocultar en un foro, las expulsiones y la violación a las leyes de culto público en México.
"Tuve que responder varias veces a las afirmaciones de Mirielle Roccatti (ex ombudsman mexicana), quien se empeñaba en negar que había asesinatos impunes y violación de las garantías de los hermanos evangélicos, porque ella simplemente las negaba en una conferencia que dictaba en la ONU", afirma Tovilla.
En cada expulsión –dice- hay más de diez delitos que se cometen, pero ni la autoridad local, ni la federal quieren acabar con este problema que ha tornado en político.
Asegura además que continuará al frente de las causas justas de los creyentes no católicos, a pesar de un sinnúmero de amenazas y atentados que ha sufrido por encabezar a los expulsados.
Lo que pasa es que la gobierno no le conviene que se diga que en México hay violación de derechos humanos... siempre quieren dar una cara bonita de nuestro país, pero se les olvida que los expulsados también tienen voz y voto, y lo van a hacer valer, finaliza.
El dios Posh de San Juan Chamula
Municipio donde el frío de invierno cala los huesos. Es una típica población donde la Internet ya hizo su aparición, pero de los derechos humanos todavía no hay ni la más remota señal.
En la presidencia municipal donde el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha manejado a su antojo el poder desde hace 70 años nadie quiso hablar sobre las expulsiones nadie quiere informar sobre las expulsiones de los evangélicos.
El líder de los expulsados comenta que el tras fondo del asunto es que los caciques son los propietarios de las destiladoras del posh (bebida tradicional hecha a base de la fermentación de la caña de azúcar o la fécula de maíz) que consumen habitualmente todos los miembros de una familia, incluyendo a los niños de escasos meses de nacidos.
El posh es el dios de los caciques en San Juan Chamula, con el cual mantienen prácticamente "hipnotizados" a todos aquellos que nacen y son "ofrecidos", por sus mismos padres, para rendirle culto de por vida.
Los niños son "bautizados" con posh poniéndoles en la boca y en la nariz un poco de esta bebida cuando nacen para hacerlos adictos de su nacimiento. Los caciques elaboran la bebida tradicional en grandes cantidades y la expenden hasta en los lugares menos adecuados: afuera de las iglesias.
Así, cualquier chamula que desee emborracharse podrá adquirir un galón o dos a precios muy bajos, pero en caso de que no lo tengan, los dueños del posh podrán darlo a crédito.
En torno a ella es como se desarrolla buena parte de la economía del pueblo. Una familia entera, tradicionalmente, ingiere esta mezcla de fermentos azucarados desde temprana edad. La mayoría desde recién nacidos.
Samuel Vázquez, uno de los fabricantes de la fermentación, indicó a este reportero que el posh se utiliza en una ceremonia tradicional, en la que el cacique "bautiza" a los recién nacidos ungiéndoles la nariz y la boca con un paño empapado con el alcohol para iniciarlos, desde entonces, a la adicción a esa bebida etílica.
Cuando los eventuales cafetaleros chamulas escucharon predicaciones evangélicas en las costas de Chiapas y regresaron a sus comunidades, las ideas de no volver a tomar alcohol, de no seguir siendo explotados, y de no participar en festividades paganas, hizo que los caciques vieran mermado sus negocios, por lo que decidieron, en contubernio con el gobierno local, no tolerar tal situación.
Al intentar entrevistar a los llamados "caciques", estos sólo se limitaron a comentar en tzotzil (dialecto natural de la zona) que "los periodistas distorsionan las cosas", y las expulsiones son cosa del pasado, pues "ellos mismos (los evangélicos) se lo buscaron por no ser como nosotros", según pudo traducir Tovilla Jaime, quien acompañó a este reportero por el apresurado recorrido en San Juan Chamula.
Cuando los evangélicos dejaron de ingerir posh, la economía de los caciques mermó, por lo que decidieron exterminarlos de la comunidad, ya que sus grandes ganancias por la venta del líquido descendieron estrepitosamente.
Con el argumento de que "las sectas extranjerizantes dañan las tradiciones populares", el gobierno local, en contubernio con y los terratenientes y algunos curanderos locales, las expulsiones fueron justificadas y avaladas sin que hasta el momento sean detenidas, o por lo menos castigadas.
El caso Cashlán
De entre los cientos de testimonios acerca de la intolerancia destaca el caso de Miguel Gómez Hernández, un indígena nacido en San Juan Chamula. Alcohólico, de padres dipsómanos, fue uno de los primeros que cambió su forma de vida, gracias a que conoció un evangelio distinto al tradicional.
Dejó de beber alcohol, comenzó a predicar su nueva fe y a hacer prosélitos en su propia tierra, donde los caciques lo ubicaron de inmediato, sentenciándolo a muerte por contravenir a sus intereses económicos.
Dirigente nato, Gómez Hernández era apodado Cashlán (que quiere decir mestizo en tzotzil) aprendió a hablar el español y así pudo conversar con los mismos dirigentes del municipio para ganar adeptos.
Su trabajo se vio interrumpido por las constantes amenazas, que después se volvieron ataques en su contra, aunque no se inmutó, aún cuando su predicación se volvió más selectiva, siempre cuidándose de los caciques. Tal era su éxito que en tan sólo un mes cerca de mil personas se convirtieron a esa nueva manera de pensar.
Los seguidores fueron inmediatamente intimidados por los sacerdotes, brujos y caciques locales, quienes no sólo los amenazaron, sino que además los expulsaron un par de meses, sentenciándolos a no practicar más su nueva fe, pues consideraron que tal era "contraria a lo que en un principio creían".
Juan, Erasmo y Miguel Angel Trillas, caciques del poblado lo "venadearon" (cazaron) cuando Cashlán se dirigía a la ciudad de San Cristóbal. Eran las cinco de la mañana de un cuatro de septiembre de 1980, según relata a este reportero su propio biógrafo, Esdras Alonso.
"Entre los tres le cortaron el cuero cabelludo y posteriormente las plantas de los pies y de las manos para después hacerlo caminar por brazas ardientes. A pesar de eso, Cashlán seguía vivo, por lo que procedieron a sacarle los ojos", dice con voz entre cortada Alonso. Finalmente, al resistirse a negar su fe, Cashlán fue castrado y murió de dos tiro en la cabeza.
Los asesinos siguen libres y se pasean en el pueblo sin que autoridad alguna les reclame aquél crimen que fue ampliamente conocido en todo el estado.
Un conflicto de décadas
El problema data de hace unos 35 años, cuando algunos de los miles de chamulas explotados por caciques regionales "aceptaron" forzosamente cargos religioso-tradicionales para organizar las fiestas del pueblo, dijo a este reportero Abdías Tovilla Jaime, líder de los más de 35 mil expulsados.
"Un cargo de este tipo ("la mayordomía") es asignado por los caciques, quienes tienen el control político, religioso, económico, social en cada una de las 106 comunidades (o parajes) de San Juan Chamula", informó.
Agregó que quien lo ejerce sólo tiene la oportunidad de escoger entre dos alternativas: aceptarlo, o arriesgarse a perder la vida, pues el "nuevo mayordomo" de las festividades es obligado a pagar al cacique por lo menos 25 mil pesos (unos 2 mil 500 dólares), por el "honor" de organizar la celebración local en aras de uno de los muchos santos que se veneran en la región.
Explicó que la pobreza extrema ha obligado a los chamulas a conseguir créditos que los mismos caciques les ofrecen: con un rédito del 25 por ciento mensual, y por ello es que la emigración hacia los cafetales de la costa chiapaneca se vio favorecida, pues allá el salario mínimo es de 20 pesos (2 dólares aproximadamente) diarios con jornadas de 10 horas, según Tovilla Jaime.
Así, quien ejerce el poder, destina los cargos, presta dinero, cobra impuestos y escoge a sus deudores es el cacique, en confabulación siempre con la autoridad municipal.
Intolerancia, persecución y abusos
En la época de los años 60, cuando la intolerancia vivía sus mejores épocas en San Juan Chamula, y bajo el amparo de las autoridades locales, los católicos tradicionales fueron azuzados para expulsar de su propia tierra natal a los evangélicos recién "convertidos", explica Esdras Alonso, autor de varios libros sobre la intolerancia religiosa en Chiapas.
"La violencia llegó a casos extremos, sin embargo, las autoridades nada pudieron hacer, ya que incluso los evangélicos huyeron a las ciudades aledañas como San Cristóbal de las Casas, Chapa de Corzo, Zinacantán y Tuxtla Gutiérrez, donde la libertad de culto consagrada en la Constitución se hizo una utopía", comentó a este reportero.
El escritor manifestó que en la década de los años 70, cuando la intolerancia se volvió insoportable, la llegada de nuevas denominaciones como los presbiterianos, nazarenos, pentecostales e Iglesias evangélicas independientes presagiaba la instauración de un estado de derecho.
Sin embargo, los crímenes se recrudecieron hasta llegar a aberraciones como la violación tumultuaria de una niña de escasos 12 años por 13 caciques, en presencia de sus padres, quienes después fueron ejecutados.
Después de pasar dos noches con los cadáveres de sus progenitores, la niña "Jovita" fue trasladada a un hospital, y hasta el momento este hecho ha quedado impune.
Lo más aberrante del caso, dice Esdras Alonso, es que los autores de estos hechos en particular, siguen paseándose por San Juan Chamula como si nada hubiera pasado, sin que la autoridad los moleste.
Oscar Vargas es periodista, miembro de la Iglesia metodista, y que colabora en medios escritos y radiofónicos mexicanos evangélicos y “seculares”
© O. Vargas, I+CP, 2003 (www.ICP-e.org)
Que esto ocurra en un pais que suscribié la Carta de Derechos Humanos es incalificable. No todo el pueblo mexicano es responsable pero si las Autoridades Federales los cuales se han convertido en cómplices de estas masacres.
Muerte, castración o exilio
Oscar Moha
San Juan Chamula, Chiapas.- Referirse a este poblado, ubicado en la frontera sur de México, es hablar de intolerancia religiosa, vejaciones, torturas, amenazas y asesinatos. Todo ello con el conocimiento de las más altas autoridades locales y federales, indicó a este reportero Abner López, dirigente nacional de la Iglesia Nacional Presbiteriana en México.
A 10 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, municipio donde el obispo católico Samuel Ruiz García hacía alusión en todas sus homilías a la defensa de los derechos humanos, San Juan Chamula es escenario, de una sistemática violación de las garantías individuales, y de los derechos humanos en general.
Hay casos extremos: una niña indígena violada tumultuariamente, delante de sus padres, a quienes posteriormente los asesinaron, por 13 caciques; hombres desnudados en la plaza central y azotados para "escarmiento" de los demás; jóvenes a quienes les introdujeron puñados de cal en la boca para asfixiarlos; hombres que fueron desollados y castrados, todo ello con el consentimiento de la presidencia municipal del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) de San Juan Chamula.
Según constató, casi todos los crímenes se han quedado impunes. La violencia e intolerancia se han manifestado en amenazas, expulsiones, detenciones ilegales, asesinatos y la privación de la educación de los niños evangélicos.
A pesar de que el Artículo 3 Constitucional establece que la educación en México es obligatoria, laica y gratuita, en pleno año 2000 a por lo menos 125 niños indígenas les ha sido negado el acceso a las escuelas primarias, ya que sus padres pertenecen a alguna de las Iglesias Presbiteriana, Nazarena o Pentecostal.
Testimonios de muerte
En los últimos meses de 1997, dos de los directivos de la Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas (OPEACH), el secretario Manuel Hernández y el tesorero Salvador Collazo Gómez fueron asesinados a balazos por desacuerdos previos con los caciques locales que no aceptaban a los evangélicos y que los indígenas puedan ser ayudados para progresar.
El 12 de noviembre de 1997, Salvador Collazo fue emboscado por los Caciques de la comunidad de Cruz Ch'ot, y al recibir 15 impactos, murió en presencia de su madre. También fue acribillado su acompañante Marcelino Pérez López.
En los parajes de Arbenza I y II (de San Juan Chamula) la intolerancia se vive casi a diario, aunque los problemas comenzaron desde 1993. Varias familias evangélicas fueron expulsadas a la fuerza en agosto del mismo año.
Desde hace más de 8 meses, unas 40 familias, incluyendo niños recién nacidos deben dormir en el auditorio de Zinacantán, poblado situado a más de 80 kilómetros de San Juan Chamula, luego de que fueron expulsados desde principios de 1999 de su misma comunidad. Con un frío que en ocasiones llega a los 4 grados bajo cero, los evangélicos dicen que tienen la esperanza de regresar a su natal Chamula, pues ahí nacieron y ahí desean morir en paz.
Aunque las autoridades locales y federales reconocen que el número de evangélicos ha crecido hasta en un 600 por ciento en los últimos 10 años, la Iglesia católica dice desconocer esas cifras.
Según el último reporte de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en el estado hay ya un 40 por ciento de miembros de otros credos, en tanto que el catolicismo se ha visto mermado por el boom de las nuevas doctrinas.
Problema religioso convertido en político
Abdías Tovilla Jaime, líder de los expulsados en Chiapas, ha impartido conferencias incluso en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza. Comenta que él mismo ha tenido que desmentir, vía Internet a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que trató de ocultar en un foro, las expulsiones y la violación a las leyes de culto público en México.
"Tuve que responder varias veces a las afirmaciones de Mirielle Roccatti (ex ombudsman mexicana), quien se empeñaba en negar que había asesinatos impunes y violación de las garantías de los hermanos evangélicos, porque ella simplemente las negaba en una conferencia que dictaba en la ONU", afirma Tovilla.
En cada expulsión –dice- hay más de diez delitos que se cometen, pero ni la autoridad local, ni la federal quieren acabar con este problema que ha tornado en político.
Asegura además que continuará al frente de las causas justas de los creyentes no católicos, a pesar de un sinnúmero de amenazas y atentados que ha sufrido por encabezar a los expulsados.
Lo que pasa es que la gobierno no le conviene que se diga que en México hay violación de derechos humanos... siempre quieren dar una cara bonita de nuestro país, pero se les olvida que los expulsados también tienen voz y voto, y lo van a hacer valer, finaliza.
El dios Posh de San Juan Chamula
Municipio donde el frío de invierno cala los huesos. Es una típica población donde la Internet ya hizo su aparición, pero de los derechos humanos todavía no hay ni la más remota señal.
En la presidencia municipal donde el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha manejado a su antojo el poder desde hace 70 años nadie quiso hablar sobre las expulsiones nadie quiere informar sobre las expulsiones de los evangélicos.
El líder de los expulsados comenta que el tras fondo del asunto es que los caciques son los propietarios de las destiladoras del posh (bebida tradicional hecha a base de la fermentación de la caña de azúcar o la fécula de maíz) que consumen habitualmente todos los miembros de una familia, incluyendo a los niños de escasos meses de nacidos.
El posh es el dios de los caciques en San Juan Chamula, con el cual mantienen prácticamente "hipnotizados" a todos aquellos que nacen y son "ofrecidos", por sus mismos padres, para rendirle culto de por vida.
Los niños son "bautizados" con posh poniéndoles en la boca y en la nariz un poco de esta bebida cuando nacen para hacerlos adictos de su nacimiento. Los caciques elaboran la bebida tradicional en grandes cantidades y la expenden hasta en los lugares menos adecuados: afuera de las iglesias.
Así, cualquier chamula que desee emborracharse podrá adquirir un galón o dos a precios muy bajos, pero en caso de que no lo tengan, los dueños del posh podrán darlo a crédito.
En torno a ella es como se desarrolla buena parte de la economía del pueblo. Una familia entera, tradicionalmente, ingiere esta mezcla de fermentos azucarados desde temprana edad. La mayoría desde recién nacidos.
Samuel Vázquez, uno de los fabricantes de la fermentación, indicó a este reportero que el posh se utiliza en una ceremonia tradicional, en la que el cacique "bautiza" a los recién nacidos ungiéndoles la nariz y la boca con un paño empapado con el alcohol para iniciarlos, desde entonces, a la adicción a esa bebida etílica.
Cuando los eventuales cafetaleros chamulas escucharon predicaciones evangélicas en las costas de Chiapas y regresaron a sus comunidades, las ideas de no volver a tomar alcohol, de no seguir siendo explotados, y de no participar en festividades paganas, hizo que los caciques vieran mermado sus negocios, por lo que decidieron, en contubernio con el gobierno local, no tolerar tal situación.
Al intentar entrevistar a los llamados "caciques", estos sólo se limitaron a comentar en tzotzil (dialecto natural de la zona) que "los periodistas distorsionan las cosas", y las expulsiones son cosa del pasado, pues "ellos mismos (los evangélicos) se lo buscaron por no ser como nosotros", según pudo traducir Tovilla Jaime, quien acompañó a este reportero por el apresurado recorrido en San Juan Chamula.
Cuando los evangélicos dejaron de ingerir posh, la economía de los caciques mermó, por lo que decidieron exterminarlos de la comunidad, ya que sus grandes ganancias por la venta del líquido descendieron estrepitosamente.
Con el argumento de que "las sectas extranjerizantes dañan las tradiciones populares", el gobierno local, en contubernio con y los terratenientes y algunos curanderos locales, las expulsiones fueron justificadas y avaladas sin que hasta el momento sean detenidas, o por lo menos castigadas.
El caso Cashlán
De entre los cientos de testimonios acerca de la intolerancia destaca el caso de Miguel Gómez Hernández, un indígena nacido en San Juan Chamula. Alcohólico, de padres dipsómanos, fue uno de los primeros que cambió su forma de vida, gracias a que conoció un evangelio distinto al tradicional.
Dejó de beber alcohol, comenzó a predicar su nueva fe y a hacer prosélitos en su propia tierra, donde los caciques lo ubicaron de inmediato, sentenciándolo a muerte por contravenir a sus intereses económicos.
Dirigente nato, Gómez Hernández era apodado Cashlán (que quiere decir mestizo en tzotzil) aprendió a hablar el español y así pudo conversar con los mismos dirigentes del municipio para ganar adeptos.
Su trabajo se vio interrumpido por las constantes amenazas, que después se volvieron ataques en su contra, aunque no se inmutó, aún cuando su predicación se volvió más selectiva, siempre cuidándose de los caciques. Tal era su éxito que en tan sólo un mes cerca de mil personas se convirtieron a esa nueva manera de pensar.
Los seguidores fueron inmediatamente intimidados por los sacerdotes, brujos y caciques locales, quienes no sólo los amenazaron, sino que además los expulsaron un par de meses, sentenciándolos a no practicar más su nueva fe, pues consideraron que tal era "contraria a lo que en un principio creían".
Juan, Erasmo y Miguel Angel Trillas, caciques del poblado lo "venadearon" (cazaron) cuando Cashlán se dirigía a la ciudad de San Cristóbal. Eran las cinco de la mañana de un cuatro de septiembre de 1980, según relata a este reportero su propio biógrafo, Esdras Alonso.
"Entre los tres le cortaron el cuero cabelludo y posteriormente las plantas de los pies y de las manos para después hacerlo caminar por brazas ardientes. A pesar de eso, Cashlán seguía vivo, por lo que procedieron a sacarle los ojos", dice con voz entre cortada Alonso. Finalmente, al resistirse a negar su fe, Cashlán fue castrado y murió de dos tiro en la cabeza.
Los asesinos siguen libres y se pasean en el pueblo sin que autoridad alguna les reclame aquél crimen que fue ampliamente conocido en todo el estado.
Un conflicto de décadas
El problema data de hace unos 35 años, cuando algunos de los miles de chamulas explotados por caciques regionales "aceptaron" forzosamente cargos religioso-tradicionales para organizar las fiestas del pueblo, dijo a este reportero Abdías Tovilla Jaime, líder de los más de 35 mil expulsados.
"Un cargo de este tipo ("la mayordomía") es asignado por los caciques, quienes tienen el control político, religioso, económico, social en cada una de las 106 comunidades (o parajes) de San Juan Chamula", informó.
Agregó que quien lo ejerce sólo tiene la oportunidad de escoger entre dos alternativas: aceptarlo, o arriesgarse a perder la vida, pues el "nuevo mayordomo" de las festividades es obligado a pagar al cacique por lo menos 25 mil pesos (unos 2 mil 500 dólares), por el "honor" de organizar la celebración local en aras de uno de los muchos santos que se veneran en la región.
Explicó que la pobreza extrema ha obligado a los chamulas a conseguir créditos que los mismos caciques les ofrecen: con un rédito del 25 por ciento mensual, y por ello es que la emigración hacia los cafetales de la costa chiapaneca se vio favorecida, pues allá el salario mínimo es de 20 pesos (2 dólares aproximadamente) diarios con jornadas de 10 horas, según Tovilla Jaime.
Así, quien ejerce el poder, destina los cargos, presta dinero, cobra impuestos y escoge a sus deudores es el cacique, en confabulación siempre con la autoridad municipal.
Intolerancia, persecución y abusos
En la época de los años 60, cuando la intolerancia vivía sus mejores épocas en San Juan Chamula, y bajo el amparo de las autoridades locales, los católicos tradicionales fueron azuzados para expulsar de su propia tierra natal a los evangélicos recién "convertidos", explica Esdras Alonso, autor de varios libros sobre la intolerancia religiosa en Chiapas.
"La violencia llegó a casos extremos, sin embargo, las autoridades nada pudieron hacer, ya que incluso los evangélicos huyeron a las ciudades aledañas como San Cristóbal de las Casas, Chapa de Corzo, Zinacantán y Tuxtla Gutiérrez, donde la libertad de culto consagrada en la Constitución se hizo una utopía", comentó a este reportero.
El escritor manifestó que en la década de los años 70, cuando la intolerancia se volvió insoportable, la llegada de nuevas denominaciones como los presbiterianos, nazarenos, pentecostales e Iglesias evangélicas independientes presagiaba la instauración de un estado de derecho.
Sin embargo, los crímenes se recrudecieron hasta llegar a aberraciones como la violación tumultuaria de una niña de escasos 12 años por 13 caciques, en presencia de sus padres, quienes después fueron ejecutados.
Después de pasar dos noches con los cadáveres de sus progenitores, la niña "Jovita" fue trasladada a un hospital, y hasta el momento este hecho ha quedado impune.
Lo más aberrante del caso, dice Esdras Alonso, es que los autores de estos hechos en particular, siguen paseándose por San Juan Chamula como si nada hubiera pasado, sin que la autoridad los moleste.
Oscar Vargas es periodista, miembro de la Iglesia metodista, y que colabora en medios escritos y radiofónicos mexicanos evangélicos y “seculares”
© O. Vargas, I+CP, 2003 (www.ICP-e.org)
Que esto ocurra en un pais que suscribié la Carta de Derechos Humanos es incalificable. No todo el pueblo mexicano es responsable pero si las Autoridades Federales los cuales se han convertido en cómplices de estas masacres.