Miremos quiénes son los buenos que te quieren pinchar su “antídoto”. Una de las afamadas compañías que “fabrica” la tal “vacuna” “contra” el bicho, Pfizer, tiene una reputación que le precede. El ex vicepresidente de Pfizer, reveló cómo hacen sobornos a Gobiernos, Instituciones Médicas, Universidades y a científicos. Ha recibido multas por diversas gestiones oscuras.
• Nombre de la empresa matriz: Pfizer
• Penalización total desde 2000: USD $4,747,652,947
• Número de registros: 80
• Lista completa: https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/pfizer
Pfizer es la empresa más grande de todo el mundo. Hay 5 grupos de delitos principales (grupos definidos) y su penalización total, según número de registros, y la multa correspondiente: por delitos relacionados con la salud $3,373,675,000; por delitos relacionados con la contratación con el gobierno, $1,161,001,892; por infracciones relacionadas con la seguridad, $104,004,655; por infracciones relacionadas con la competencia, $98,166,568; por delitos relacionados con el medio ambiente, $5,324,642. A propósito de los 5 tipos principales de delitos principales y la penalización total según número de registros: por promoción fuera de etiqueta o no aprobada de productos médicos, $3,373,675,000; por ley de Reclamaciones Falsas y afines, $1,161,001,892; por violación de seguridad de medicamentos o equipos médicos, $103,840,000; por Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, $60,216,568; por comisiones ilegales y sobornos, $34,700,000. Y bueno, la lista continúa, mas si deseas profundizar te recomiendo mirar las tablas. Pfizer se convirtió en la compañía farmacéutica más grande del mundo en gran parte comprando a sus competidores. También ha crecido a través del marketing agresivo, una práctica en la que fue pionera en la década de 1950 mediante la compra de publicidad sin precedentes en revistas médicas.
En 2009, la compañía tuvo que pagar una cantidad récord de $2.300 millones de dólares para resolver los cargos federales porque una de sus subsidiarias había comercializado ilegalmente un analgésico llamado Bextra. Junto con un marketing cuestionable, Pfizer ha estado durante décadas en el centro de controversias sobre sus precios, incluido un caso de fijación de precios que comenzó en 1958. A mediados de la década de 1980, organizaciones de protección como el Public Citizen Health Research Group acusaron a Feldene, un medicamento para la artritis ampliamente recetado de Pfizer, que creaba un alto riesgo de hemorragia gastrointestinal entre los ancianos, pero el gobierno federal, a pesar de los informes de decenas de muertes, se negó a poner restricciones sobre la medicación. Un artículo de junio de 1986 en The Progressive sobre Feldene se tituló “Muerte por Receta”. La Administración de Alimentos y Medicamentos expresó una mayor preocupación por los informes de docenas de muertes relacionadas con válvulas cardíacas realizadas por la división Shiley de Pfizer. En 1986, cuando el número de muertos llegó a 125, Pfizer finalizó la producción de todos los modelos de válvulas. Sin embargo, en ese momento se implantaron en miles de personas, a quienes les preocupaba que los dispositivos pudieran fracturarse y fallar en cualquier momento.
En 1991, un grupo de trabajo de la FDA acusó a Shiley de haber ocultado información sobre problemas de seguridad a los reguladores para obtener la aprobación inicial de sus válvulas y que la empresa seguía manteniendo a la FDA en la oscuridad. Una investigación del 7 de noviembre de 1991 en el Wall Street Journal afirmó que Shiley había estado falsificando deliberadamente los registros de fabricación relacionados con las fracturas de válvulas. Ante este creciente escándalo, Pfizer anunció que gastaría hasta $205 millones para resolver las decenas de miles de demandas por válvulas que se habían presentado en su contra. Aun así, Pfizer se resistió a cumplir con una orden de la FDA de notificar a los pacientes sobre nuevos hallazgos de que había un mayor riesgo de fracturas fatales en quienes tenían la válvula instalada antes de los 50 años. En 1994, la compañía acordó pagar $10 millones para resolver este tema. El Departamento de Justicia los acusa de haber mentido a los reguladores al buscar la aprobación de las válvulas; también acordó pagar $9 millones para monitorear a los pacientes con válvulas en los hospitales de la Administración de Veteranos o pagar por la extracción del dispositivo. En 2004, Pfizer anunció que había llegado a un acuerdo de $60 millones de una demanda colectiva presentada por usuarios de Rezulin, un medicamento para la diabetes desarrollado por Warner-Lambert, que lo había retirado del mercado poco antes de que Pfizer adquiriera la compañía en 2000. El retiro se produjo después de que decenas de pacientes murieran de insuficiencia hepática aguda causada por el medicamento.
En 2004, a raíz de las revelaciones sobre los peligrosos efectos secundarios del analgésico Vioxx de Merck, Pfizer acordó suspender la publicidad televisiva de un medicamento relacionado llamado Celebrex. Al año siguiente, Pfizer admitió que un ensayo clínico de 1999 encontró que los pacientes ancianos que tomaban Celebrex tenían un riesgo muy elevado de problemas cardíacos. En 2005, Pfizer retiró otro analgésico, Bextra, del mercado después de que la FDA ordenó una advertencia de “caja negra” sobre los riesgos cardiovasculares y gastrointestinales del medicamento. En 2008, Pfizer anunció que dispondría $894 millones para resolver las demandas que se habían presentado en relación con Bextra y Celebrex. Con la adquisición de Wyeth (anteriormente American Home Products) en octubre de 2009, Pfizer se enfrentó a una nueva serie de problemas legales. El resumen de los procedimientos legales en el último informe financiero anual de Wyeth antes de que se anunciara el acuerdo se prolongó durante 14 páginas. La mayoría de las demandas discutidas fueron casos de responsabilidad por productos relacionados con la terapia hormonal, vacunas infantiles, el antidepresivo Effexor, el anticonceptivo Norplant y, lo más importante, la combinación de medicamentos dietéticos conocidos como fen-phen, que se había retirado del mercado después de los informes que su uso se relacionó con un daño potencialmente mortal de las válvulas cardíacas. Esos hallazgos desencadenaron una ola de decenas de miles de demandas contra la empresa.
Pfizer ha estado en el centro de controversias sobre sus precios durante más de 50 años. En 1958 fue una de las seis compañías farmacéuticas acusadas por la Comisión Federal de Comercio de fijar precios a los antibióticos. La compañía también fue acusada de realizar declaraciones falsas a la Oficina de Patentes de Estados Unidos para obtener una patente sobre tetraciclina. En 1961, el Departamento de Justicia presentó cargos penales antimonopolio contra Pfizer, American Cyanamid, Bristol-Myers y los principales ejecutivos de las tres empresas. Dos años después, la FTC dictaminó que las seis empresas mencionadas en su denuncia de 1958 habían conspirado para fijar los precios de la tetraciclina. La comisión también encontró que “irregularidades jugaron un papel importante” en la emisión de la patente de tetraciclina a Pfizer. En 1964, la FTC ordenó a las seis empresas que reajustaran sus precios y le dijo a Pfizer que concediera una licencia de producción de tetraciclina a cualquier empresa que la solicitara. En 1967, un jurado federal encontró Pfizer, American Cyanamid y Bristol-Myers culpable de conspirar para controlar la producción y distribución de restricción del comercio, conspiración para monopolizar y monopolio. Cada una de las empresas recibió una multa insignificante máxima de 150.000 dólares. En 1970, un tribunal federal de apelaciones ordenó que el caso se volviera al tribunal de distrito. Pfizer y otras empresas acordaron pagar unos 136 millones de dólares para resolver un caso de acción colectiva y otras demandas civiles que se habían presentado en nombre de los consumidores y los gobiernos estatales y locales. Los acuerdos posteriores elevaron la cantidad a más de $150 millones.
Pfizer, junto con las otras grandes empresas farmacéuticas, fueron objeto de una serie de demandas entabladas por fiscales generales estatales y otras partes que impugnaban las prácticas de precios de la industria. En 1996, Pfizer fue una de las 15 grandes compañías farmacéuticas que acordaron pagar más de $408 millones para resolver una demanda colectiva en la que se acusaba de conspirar para fijar los precios cobrados a las farmacias independientes. En 1999, Pfizer se declaró culpable de cargos penales antimonopolio por el hecho de que su antigua unidad de Food Science Group participó en dos conspiraciones internacionales de fijación de precios, una relacionada con el conservante de alimentos eritorbato de sodio y la otra con el potenciador del sabor maltol. Pfizer acordó pagar multas por un total de 20 millones de dólares. En 2000, en medio de críticas generalizadas sobre el alto precio de los medicamentos contra el SIDA, Pfizer ofreció donar un suministro para dos años de su medicamento Diflucan por valor de 50 millones de dólares al gobierno de Sudáfrica. Sin embargo, en 2003, después de adquirir Pharmacia Corp., Pfizer se retiró del plan de la compañía de licenciar su medicamento contra el SIDA Rescriptor para su distribución a bajo costo en países pobres.
En 2002, Pfizer se resistió a cooperar con una investigación de la Oficina General de Contabilidad de las prácticas de fijación de precios de la industria pero cedió después presidente y CEO Henry McKinnell fue servido con una citación. Más tarde ese año, Pfizer acordó pagar $ 49 millones para resolver los cargos de que una de sus subsidiarias defraudó al programa federal Medicaid al cobrar de más por su medicamento Lipitor para reducir el colesterol. En 2003, mientras el Congreso discutía la legislación para legalizar la importación de medicamentos recetados baratos de Canadá, Pfizer trató de socavar la práctica diciéndoles a las principales farmacias canadienses que tendrían que comenzar a realizar pedidos directamente a Pfizer en lugar de hacerlo a través de mayoristas. Esto puso a Pfizer en la posición de cortar el suministro si sospechaba que las farmacias estaban vendiendo al mercado estadounidense. Al año siguiente, Pfizer anunció que comenzaría a exigir a los mayoristas que informaran sobre los pedidos de las farmacias individuales. En 2016, el Departamento de Justicia anunció que Pfizer pagaría $784 millones para resolver las acusaciones de que Wyeth no pagó reembolsos a Medicaid por dos de sus medicamentos. Más tarde, en 2016, la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido multó a Pfizer con el equivalente a 107 millones de dólares por cobrar precios excesivos e injustos por un medicamento para la epilepsia.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Pfizer causó un escándalo cuando eludió las redes tradicionales de distribución de medicamentos y comenzó a comercializar sus productos (especialmente el antibiótico Terramicina) directamente a hospitales y médicos, haciendo un uso sin precedentes de anuncios llamativos en el Journal of the American Medical Association. Un artículo destacado en el Saturday Review en 1957 denunció a la compañía por tácticas como publicar anuncios de sus antibióticos que mostraban los nombres de médicos que supuestamente respaldaban el producto pero que resultaron ser ficticios. En 1991, Pfizer pagó un total de $70.000 a 10 estados para resolver los cargos relacionados con la publicidad engañosa de su enjuague bucal Plax. En 1996, la Administración de Alimentos y Medicamentos ordenó a Pfizer que dejara de hacer afirmaciones médicas no autorizadas y engañosas sobre su antidepresivo Zoloft. En 2000, la FDA advirtió a Pfizer y Pharmacia, co-comercializadores del medicamento para la artritis Celebrex, que los anuncios para consumidores que estaban publicando para el medicamento eran falsos y engañosos. Dos años después, la FDA ordenó a Pfizer que dejara de publicar una serie de anuncios en revistas que, según la agencia, sugerían engañosamente que su medicamento Lipitor para reducir el colesterol era más seguro que los productos de la competencia.
En 2003, Pfizer pagó 6 millones de dólares para llegar a un acuerdo con 19 estados que habían acusado a la empresa de utilizar anuncios engañosos para promocionar su medicamento Zithromax para las infecciones de oído de los niños. En 2004, la subsidiaria Warner-Lambert de Pfizer acordó pagar $430 millones para resolver los cargos penales y civiles que pagó a los médicos para recetar su medicamento para la epilepsia Neurontin a pacientes con dolencias para las cuales el medicamento no fue aprobado. Más tarde salieron a la luz documentos que sugerían que Pfizer organizó retrasos en la publicación de estudios científicos que socavaron su afirmación de los otros usos de Neurontin. En 2010, un jurado federal encontró que Pfizer cometió fraude de extorsión en su comercialización de Neurontin; Posteriormente, el juez del caso ordenó a la empresa pagar 142 millones de dólares en daños. En 2007, el subsidio de Pfizer, Pharmacia & Upjohn, acordó pagar $34.7 millones para resolver los cargos federales relacionados con la comercialización ilegal de su hormona de crecimiento humano Genotropin. En 2009, Pfizer acordó pagar $2.300 millones para resolver cargos penales y civiles relacionados con la comercialización indebida de Bextra y otros tres medicamentos. La cantidad fue un récord para un acuerdo de fraude de atención médica. John Kopchinski, un exrepresentante de ventas de Pfizer cuya denuncia ayudó a iniciar la investigación federal, le dijo al New York Times: “Toda la cultura de Pfizer está impulsada por las ventas, y si yo no vendía drogas ilegalmente, no era visto como un jugador de equipo.” John Kopchinski, un exrepresentante de ventas de Pfizer.
Como parte del acuerdo, Pfizer tuvo que celebrar un Acuerdo de integridad corporativa con el Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos. En 2010, Pfizer reveló que durante un período de seis meses el año anterior había pagado 20 millones de dólares a unos 4.500 médicos y otros profesionales médicos por consultar y hablar en nombre de la empresa. Esta fue la primera vez que la empresa hizo públicos sus gastos de este tipo. En 2011, Pfizer acordó pagar $14.5 millones para resolver los cargos federales de que comercializó ilegalmente su medicamento para la vejiga Detrol. En 2011, la FDA le dijo a Pfizer que su página web “Recursos en línea” sobre Lipitor contenía declaraciones engañosas. En julio de 2012, Pfizer acordó eliminar los reclamos relacionados con la salud de los senos y el colon de su publicidad de multivitaminas Centrum como parte de un acuerdo para resolver una demanda presentada por el Centro para la Ciencia en el Interés Público. En noviembre de 2012, Pfizer reveló que había asumido un cargo contra las ganancias de 491 millones de dólares en relación con un “acuerdo en principio” con el Departamento de Justicia de EE.UU. Para resolver los cargos relacionados con la comercialización inadecuada del fármaco para trasplante de riñón Rapamune por parte de Wyeth. Ese acuerdo se finalizó en julio de 2013. Más tarde, Pfizer llegó a un acuerdo de 35 millones de dólares por los cargos de Rapamune presentados por más de 40 fiscales generales estatales.
En 1976, Pfizer fue una de las muchas empresas que reveló que había realizado pagos cuestionables a funcionarios de gobiernos extranjeros. La compañía dijo que se habían pagado alrededor de $265.000 a funcionarios en tres países, pero no los identificó. En agosto de 2012, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Anunció que había llegado a un acuerdo de $45 millones con Pfizer para resolver los cargos de que sus subsidiarias, especialmente Wyeth, habían sobornado a médicos y otros profesionales de la salud en el extranjero para aumentar las ventas en el extranjero. En 1971, la Agencia de Protección Ambiental le pidió a Pfizer que pusiera fin a su antigua práctica de verter desechos industriales de su planta en Groton, Connecticut en Long Island Sound. Se informó que la compañía estaba desechando alrededor de 1 millón de galones de desechos cada año por ese método. En 1991, Pfizer acordó pagar $3.1 millones para resolver los cargos de la EPA de que la empresa dañó gravemente el río Delaware al no instalar equipos de control de la contaminación en una de sus plantas en Pensilvania. En 1994, Pfizer acordó pagar $1.5 millones como parte de un decreto de consentimiento con la EPA en relación con su vertido en un sitio de desechos tóxicos en Rhode Island. En 1998, Pfizer acordó pagar una multa civil de $625.000 por violaciones ambientales descubiertas en sus instalaciones de investigación en Groton, Connecticut.
• Nombre de la empresa matriz: Pfizer
• Penalización total desde 2000: USD $4,747,652,947
• Número de registros: 80
• Lista completa: https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/pfizer
Pfizer es la empresa más grande de todo el mundo. Hay 5 grupos de delitos principales (grupos definidos) y su penalización total, según número de registros, y la multa correspondiente: por delitos relacionados con la salud $3,373,675,000; por delitos relacionados con la contratación con el gobierno, $1,161,001,892; por infracciones relacionadas con la seguridad, $104,004,655; por infracciones relacionadas con la competencia, $98,166,568; por delitos relacionados con el medio ambiente, $5,324,642. A propósito de los 5 tipos principales de delitos principales y la penalización total según número de registros: por promoción fuera de etiqueta o no aprobada de productos médicos, $3,373,675,000; por ley de Reclamaciones Falsas y afines, $1,161,001,892; por violación de seguridad de medicamentos o equipos médicos, $103,840,000; por Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, $60,216,568; por comisiones ilegales y sobornos, $34,700,000. Y bueno, la lista continúa, mas si deseas profundizar te recomiendo mirar las tablas. Pfizer se convirtió en la compañía farmacéutica más grande del mundo en gran parte comprando a sus competidores. También ha crecido a través del marketing agresivo, una práctica en la que fue pionera en la década de 1950 mediante la compra de publicidad sin precedentes en revistas médicas.
En 2009, la compañía tuvo que pagar una cantidad récord de $2.300 millones de dólares para resolver los cargos federales porque una de sus subsidiarias había comercializado ilegalmente un analgésico llamado Bextra. Junto con un marketing cuestionable, Pfizer ha estado durante décadas en el centro de controversias sobre sus precios, incluido un caso de fijación de precios que comenzó en 1958. A mediados de la década de 1980, organizaciones de protección como el Public Citizen Health Research Group acusaron a Feldene, un medicamento para la artritis ampliamente recetado de Pfizer, que creaba un alto riesgo de hemorragia gastrointestinal entre los ancianos, pero el gobierno federal, a pesar de los informes de decenas de muertes, se negó a poner restricciones sobre la medicación. Un artículo de junio de 1986 en The Progressive sobre Feldene se tituló “Muerte por Receta”. La Administración de Alimentos y Medicamentos expresó una mayor preocupación por los informes de docenas de muertes relacionadas con válvulas cardíacas realizadas por la división Shiley de Pfizer. En 1986, cuando el número de muertos llegó a 125, Pfizer finalizó la producción de todos los modelos de válvulas. Sin embargo, en ese momento se implantaron en miles de personas, a quienes les preocupaba que los dispositivos pudieran fracturarse y fallar en cualquier momento.
En 1991, un grupo de trabajo de la FDA acusó a Shiley de haber ocultado información sobre problemas de seguridad a los reguladores para obtener la aprobación inicial de sus válvulas y que la empresa seguía manteniendo a la FDA en la oscuridad. Una investigación del 7 de noviembre de 1991 en el Wall Street Journal afirmó que Shiley había estado falsificando deliberadamente los registros de fabricación relacionados con las fracturas de válvulas. Ante este creciente escándalo, Pfizer anunció que gastaría hasta $205 millones para resolver las decenas de miles de demandas por válvulas que se habían presentado en su contra. Aun así, Pfizer se resistió a cumplir con una orden de la FDA de notificar a los pacientes sobre nuevos hallazgos de que había un mayor riesgo de fracturas fatales en quienes tenían la válvula instalada antes de los 50 años. En 1994, la compañía acordó pagar $10 millones para resolver este tema. El Departamento de Justicia los acusa de haber mentido a los reguladores al buscar la aprobación de las válvulas; también acordó pagar $9 millones para monitorear a los pacientes con válvulas en los hospitales de la Administración de Veteranos o pagar por la extracción del dispositivo. En 2004, Pfizer anunció que había llegado a un acuerdo de $60 millones de una demanda colectiva presentada por usuarios de Rezulin, un medicamento para la diabetes desarrollado por Warner-Lambert, que lo había retirado del mercado poco antes de que Pfizer adquiriera la compañía en 2000. El retiro se produjo después de que decenas de pacientes murieran de insuficiencia hepática aguda causada por el medicamento.
En 2004, a raíz de las revelaciones sobre los peligrosos efectos secundarios del analgésico Vioxx de Merck, Pfizer acordó suspender la publicidad televisiva de un medicamento relacionado llamado Celebrex. Al año siguiente, Pfizer admitió que un ensayo clínico de 1999 encontró que los pacientes ancianos que tomaban Celebrex tenían un riesgo muy elevado de problemas cardíacos. En 2005, Pfizer retiró otro analgésico, Bextra, del mercado después de que la FDA ordenó una advertencia de “caja negra” sobre los riesgos cardiovasculares y gastrointestinales del medicamento. En 2008, Pfizer anunció que dispondría $894 millones para resolver las demandas que se habían presentado en relación con Bextra y Celebrex. Con la adquisición de Wyeth (anteriormente American Home Products) en octubre de 2009, Pfizer se enfrentó a una nueva serie de problemas legales. El resumen de los procedimientos legales en el último informe financiero anual de Wyeth antes de que se anunciara el acuerdo se prolongó durante 14 páginas. La mayoría de las demandas discutidas fueron casos de responsabilidad por productos relacionados con la terapia hormonal, vacunas infantiles, el antidepresivo Effexor, el anticonceptivo Norplant y, lo más importante, la combinación de medicamentos dietéticos conocidos como fen-phen, que se había retirado del mercado después de los informes que su uso se relacionó con un daño potencialmente mortal de las válvulas cardíacas. Esos hallazgos desencadenaron una ola de decenas de miles de demandas contra la empresa.
Pfizer ha estado en el centro de controversias sobre sus precios durante más de 50 años. En 1958 fue una de las seis compañías farmacéuticas acusadas por la Comisión Federal de Comercio de fijar precios a los antibióticos. La compañía también fue acusada de realizar declaraciones falsas a la Oficina de Patentes de Estados Unidos para obtener una patente sobre tetraciclina. En 1961, el Departamento de Justicia presentó cargos penales antimonopolio contra Pfizer, American Cyanamid, Bristol-Myers y los principales ejecutivos de las tres empresas. Dos años después, la FTC dictaminó que las seis empresas mencionadas en su denuncia de 1958 habían conspirado para fijar los precios de la tetraciclina. La comisión también encontró que “irregularidades jugaron un papel importante” en la emisión de la patente de tetraciclina a Pfizer. En 1964, la FTC ordenó a las seis empresas que reajustaran sus precios y le dijo a Pfizer que concediera una licencia de producción de tetraciclina a cualquier empresa que la solicitara. En 1967, un jurado federal encontró Pfizer, American Cyanamid y Bristol-Myers culpable de conspirar para controlar la producción y distribución de restricción del comercio, conspiración para monopolizar y monopolio. Cada una de las empresas recibió una multa insignificante máxima de 150.000 dólares. En 1970, un tribunal federal de apelaciones ordenó que el caso se volviera al tribunal de distrito. Pfizer y otras empresas acordaron pagar unos 136 millones de dólares para resolver un caso de acción colectiva y otras demandas civiles que se habían presentado en nombre de los consumidores y los gobiernos estatales y locales. Los acuerdos posteriores elevaron la cantidad a más de $150 millones.
Pfizer, junto con las otras grandes empresas farmacéuticas, fueron objeto de una serie de demandas entabladas por fiscales generales estatales y otras partes que impugnaban las prácticas de precios de la industria. En 1996, Pfizer fue una de las 15 grandes compañías farmacéuticas que acordaron pagar más de $408 millones para resolver una demanda colectiva en la que se acusaba de conspirar para fijar los precios cobrados a las farmacias independientes. En 1999, Pfizer se declaró culpable de cargos penales antimonopolio por el hecho de que su antigua unidad de Food Science Group participó en dos conspiraciones internacionales de fijación de precios, una relacionada con el conservante de alimentos eritorbato de sodio y la otra con el potenciador del sabor maltol. Pfizer acordó pagar multas por un total de 20 millones de dólares. En 2000, en medio de críticas generalizadas sobre el alto precio de los medicamentos contra el SIDA, Pfizer ofreció donar un suministro para dos años de su medicamento Diflucan por valor de 50 millones de dólares al gobierno de Sudáfrica. Sin embargo, en 2003, después de adquirir Pharmacia Corp., Pfizer se retiró del plan de la compañía de licenciar su medicamento contra el SIDA Rescriptor para su distribución a bajo costo en países pobres.
En 2002, Pfizer se resistió a cooperar con una investigación de la Oficina General de Contabilidad de las prácticas de fijación de precios de la industria pero cedió después presidente y CEO Henry McKinnell fue servido con una citación. Más tarde ese año, Pfizer acordó pagar $ 49 millones para resolver los cargos de que una de sus subsidiarias defraudó al programa federal Medicaid al cobrar de más por su medicamento Lipitor para reducir el colesterol. En 2003, mientras el Congreso discutía la legislación para legalizar la importación de medicamentos recetados baratos de Canadá, Pfizer trató de socavar la práctica diciéndoles a las principales farmacias canadienses que tendrían que comenzar a realizar pedidos directamente a Pfizer en lugar de hacerlo a través de mayoristas. Esto puso a Pfizer en la posición de cortar el suministro si sospechaba que las farmacias estaban vendiendo al mercado estadounidense. Al año siguiente, Pfizer anunció que comenzaría a exigir a los mayoristas que informaran sobre los pedidos de las farmacias individuales. En 2016, el Departamento de Justicia anunció que Pfizer pagaría $784 millones para resolver las acusaciones de que Wyeth no pagó reembolsos a Medicaid por dos de sus medicamentos. Más tarde, en 2016, la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido multó a Pfizer con el equivalente a 107 millones de dólares por cobrar precios excesivos e injustos por un medicamento para la epilepsia.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Pfizer causó un escándalo cuando eludió las redes tradicionales de distribución de medicamentos y comenzó a comercializar sus productos (especialmente el antibiótico Terramicina) directamente a hospitales y médicos, haciendo un uso sin precedentes de anuncios llamativos en el Journal of the American Medical Association. Un artículo destacado en el Saturday Review en 1957 denunció a la compañía por tácticas como publicar anuncios de sus antibióticos que mostraban los nombres de médicos que supuestamente respaldaban el producto pero que resultaron ser ficticios. En 1991, Pfizer pagó un total de $70.000 a 10 estados para resolver los cargos relacionados con la publicidad engañosa de su enjuague bucal Plax. En 1996, la Administración de Alimentos y Medicamentos ordenó a Pfizer que dejara de hacer afirmaciones médicas no autorizadas y engañosas sobre su antidepresivo Zoloft. En 2000, la FDA advirtió a Pfizer y Pharmacia, co-comercializadores del medicamento para la artritis Celebrex, que los anuncios para consumidores que estaban publicando para el medicamento eran falsos y engañosos. Dos años después, la FDA ordenó a Pfizer que dejara de publicar una serie de anuncios en revistas que, según la agencia, sugerían engañosamente que su medicamento Lipitor para reducir el colesterol era más seguro que los productos de la competencia.
En 2003, Pfizer pagó 6 millones de dólares para llegar a un acuerdo con 19 estados que habían acusado a la empresa de utilizar anuncios engañosos para promocionar su medicamento Zithromax para las infecciones de oído de los niños. En 2004, la subsidiaria Warner-Lambert de Pfizer acordó pagar $430 millones para resolver los cargos penales y civiles que pagó a los médicos para recetar su medicamento para la epilepsia Neurontin a pacientes con dolencias para las cuales el medicamento no fue aprobado. Más tarde salieron a la luz documentos que sugerían que Pfizer organizó retrasos en la publicación de estudios científicos que socavaron su afirmación de los otros usos de Neurontin. En 2010, un jurado federal encontró que Pfizer cometió fraude de extorsión en su comercialización de Neurontin; Posteriormente, el juez del caso ordenó a la empresa pagar 142 millones de dólares en daños. En 2007, el subsidio de Pfizer, Pharmacia & Upjohn, acordó pagar $34.7 millones para resolver los cargos federales relacionados con la comercialización ilegal de su hormona de crecimiento humano Genotropin. En 2009, Pfizer acordó pagar $2.300 millones para resolver cargos penales y civiles relacionados con la comercialización indebida de Bextra y otros tres medicamentos. La cantidad fue un récord para un acuerdo de fraude de atención médica. John Kopchinski, un exrepresentante de ventas de Pfizer cuya denuncia ayudó a iniciar la investigación federal, le dijo al New York Times: “Toda la cultura de Pfizer está impulsada por las ventas, y si yo no vendía drogas ilegalmente, no era visto como un jugador de equipo.” John Kopchinski, un exrepresentante de ventas de Pfizer.
Como parte del acuerdo, Pfizer tuvo que celebrar un Acuerdo de integridad corporativa con el Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos. En 2010, Pfizer reveló que durante un período de seis meses el año anterior había pagado 20 millones de dólares a unos 4.500 médicos y otros profesionales médicos por consultar y hablar en nombre de la empresa. Esta fue la primera vez que la empresa hizo públicos sus gastos de este tipo. En 2011, Pfizer acordó pagar $14.5 millones para resolver los cargos federales de que comercializó ilegalmente su medicamento para la vejiga Detrol. En 2011, la FDA le dijo a Pfizer que su página web “Recursos en línea” sobre Lipitor contenía declaraciones engañosas. En julio de 2012, Pfizer acordó eliminar los reclamos relacionados con la salud de los senos y el colon de su publicidad de multivitaminas Centrum como parte de un acuerdo para resolver una demanda presentada por el Centro para la Ciencia en el Interés Público. En noviembre de 2012, Pfizer reveló que había asumido un cargo contra las ganancias de 491 millones de dólares en relación con un “acuerdo en principio” con el Departamento de Justicia de EE.UU. Para resolver los cargos relacionados con la comercialización inadecuada del fármaco para trasplante de riñón Rapamune por parte de Wyeth. Ese acuerdo se finalizó en julio de 2013. Más tarde, Pfizer llegó a un acuerdo de 35 millones de dólares por los cargos de Rapamune presentados por más de 40 fiscales generales estatales.
En 1976, Pfizer fue una de las muchas empresas que reveló que había realizado pagos cuestionables a funcionarios de gobiernos extranjeros. La compañía dijo que se habían pagado alrededor de $265.000 a funcionarios en tres países, pero no los identificó. En agosto de 2012, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Anunció que había llegado a un acuerdo de $45 millones con Pfizer para resolver los cargos de que sus subsidiarias, especialmente Wyeth, habían sobornado a médicos y otros profesionales de la salud en el extranjero para aumentar las ventas en el extranjero. En 1971, la Agencia de Protección Ambiental le pidió a Pfizer que pusiera fin a su antigua práctica de verter desechos industriales de su planta en Groton, Connecticut en Long Island Sound. Se informó que la compañía estaba desechando alrededor de 1 millón de galones de desechos cada año por ese método. En 1991, Pfizer acordó pagar $3.1 millones para resolver los cargos de la EPA de que la empresa dañó gravemente el río Delaware al no instalar equipos de control de la contaminación en una de sus plantas en Pensilvania. En 1994, Pfizer acordó pagar $1.5 millones como parte de un decreto de consentimiento con la EPA en relación con su vertido en un sitio de desechos tóxicos en Rhode Island. En 1998, Pfizer acordó pagar una multa civil de $625.000 por violaciones ambientales descubiertas en sus instalaciones de investigación en Groton, Connecticut.
