Veo que nos parecemos mucho.
A mí no me gusta tragarme lo que se dice, así porque sí. Las cosas siempre tienen una lógica del porqué, e intento llegar al fondo de la cuestión.
A veces acumulo información sobre un tema, aparentemente sin sentido, y despues, sin querer, encuentras el hilo que lo cose.
No es tarea fácil.
Informe sobre Uncoal, la empresa que aspira a la supremacía del control del petróleo en Oriente medio (Afganistan):
Tras el encuentro en Washington, Unocal creyó que no habría ya impedimento mayor para construir un gasoducto de mil 275 kilómetros de longitud y un metro y medio de ancho para mover el gas de Dauletabad, en el sur de Turkmenistán, al puerto de Karachi, que pasaría cerca de las ciudades afganas de Herat y Kandahar y entraría a territorio paquistaní por Quetta.
El proyecto tenía un costo aproximado de 2 mil millones de dólares y se consideró una extensión a India, con un costo adicional de 600 millones de dólares. Para guardar las formas, Unocal creó el consorcio Central Asia Gas (CentGas), junto con el gobierno de Turkmenistán y compañías de seis países:
Delta Oil, de Arabia Saudita; Indonesia Petroleum; Itochu Oil Exploration, de Japón; Hyundai Engineering and Construction, de Corea del Sur; Crescent Group, de Pakistán, y Gazprom, de Rusia. Unocal, por supuesto, se reservó el papel decisivo al controlar 54 por ciento de las acciones de CentGas.
Las negociaciones, a la postre, se vinieron abajo fundamentalmente por dos razones: No satisfizo a los talibanes la suma de 100 millones de dólares al año por permitir el tránsito del gas turkmeno por su territorio y el mullah Omar, su líder, quiso usar el gasoducto como elemento de presión política para lograr que el régimen fundamentalista, con ayuda de Estados Unidos, fuera reconocido como legítimo gobierno de Afganistán.
El estira y afloja terminó en agosto de 1998, cuando el entonces presidente Clinton ordenó lanzar sobre Afganistán 58 misiles crucero en represalia por la protección que brindaba el régimen talibán a Osama Bin Laden, acusado por Estados Unidos de haber organizado los atentados contra sus embajadas en Kenia y Tanzania.
Unocal se vio forzado a dar por concluida su relación con los talibanes y olvidarse, por unos años, hasta que George W. Bush accediera a la presidencia, del proyecto
Dirección web con los datos completos.
http://www.rebelion.org/economia/unilocal020402.htm#
Libre comercio: El sofisma del imperialismo
Una declaración de derechos corporativa.
Por Edward S. Herman
El libre comercio continúa siendo un mantra esencial del Nuevo Orden Mundial, que se usa para justificar la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el camino para extender su jurisdicción, así como para racionalizar los programas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial e instrumentos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, siglas en inglés). Incluso se le ha relacionado con la "guerra contra el terrorismo", con el representante del comercio estadounidense, Robert Zoellick, subrayando la urgencia de adoptar el libre comercio para permitir el crecimiento y despejar las tensiones socio-económicas después del 11 de septiembre. Aquellos países que no lleguen a realizar los movimientos deseados hacia el libre comercio pueden ser acusados de "albergar a terroristas" o violar derechos humanos, atrayendo de esta forma algún "bombardeo humanitario" hacia ellos.
La frase "libre comercio" es una obra maestra del engaño y la propaganda. Su uso de la palabra "libre" encubre el hecho de que el trabajo de todos esos acuerdos y organismos restringen muy resueltamente la libertad de los países del Tercer Mundo, reduciendo sus soberanías y el poder de sus instituciones democráticas de establecer sus políticas económicas, proveer servicios públicos y proteger el medio ambiente. La palabra "comercio" en la frase libre comercio oculta el hecho de que los acuerdos bajo esa etiqueta y las instituciones que los apoyan se centran casi siempre más profusamente en los derechos de los inversores que en el comercio. Están diseñados para permitir a las empresas hacer negocios en jurisdicciones foráneas sin ningún temor a que un gobierno democrático les pueda perjudicar con impuestos, límites en la repatriación de beneficios, regulaciones sobre qué negocios pueden hacer, mano de obra y otras cuestiones.
En pocas palabras, NAFTA se podía haber llamado el Acuerdo Norteamericano para Limitar Soberanías Gubernamentales o la Declaración de Derechos Corporativos Norteamericana o el Acuerdo Norteamericano donde Prevalecen los Derechos de las Empresas sobre los Individuales y los Organismos Elegidos Democráticamente. Obviamente, los títulos alternativos no hubieran ayudado a vender la legislación, y por lo tanto, ni nuestros líderes democráticos ni la Prensa Libre sugirió su uso.
Protección Selectiva del Poderoso
Incluso con relación al comercio la frase es engañosa. La campaña para proteger "los derechos de propiedad intelectual" va dirigida a restringir la libertad de comerciar con mercancías sin pagar a los poseedores de esas patentes monopolistas o derechos de marca de fábrica. Esta restricción monopolista ha costado miles de vidas en países pobres donde los enfermos de SIDA no podían permitirse el pago anual de 10.000 dólares a los monopolistas con patente de compañía farmacéutica, pero sí podían pagar los 300-400 dólares anuales que cobraban los fabricantes en un mercado realmente de libre comercio. La muerte de multitudes y la amenaza de millones más ha obligado a las grandes compañías a ceder en este caso, pero no en el "principio" de sus derechos de monopolio. (La reciente reunión en Doha, Qatar, presentó una declaración que permite a los gobiernos ignorar los derechos de patentes en casos urgentes de salud pública, pero la declaración no se formalizó en una regla vinculante legalmente, y los derechos concedidos a los gobiernos no se concretaron).
Es revelador que los portavoces occidentales por el avance de la OMC y el "libre comercio" han estado presionando durante años para que estos derechos de propiedad monopolistas fueran reconocidos legalmente como derechos ejecutables bajo el Nuevo, supuestamente de "libre comercio", Orden Mundial. Esta es la excepción que confirma la regla, es decir, que estos portavoces sirven a las empresas transnacionales dominantes del Primer Mundo. Los intereses de estas empresas transnacionales (TNC, siglas en inglés) son para la clase dirigente occidental, los "intereses del mundo", del mismo modo que los intereses de las empresas locales definen el "interés nacional" (a diferencia de los "intereses especiales" que, no de modo sorprendente, afectan a la gran mayoría de la población).
En lo que se refiere a aranceles y cuotas y a su reducción, los intereses de las TNC han sido ideados para reducir su parte, pero solo a un precio. Estas TNC negocian duro y tienen la ventaja del dinero, la experiencia, la influencia sobre muchos gobiernos del Tercer Mundo y dominan la burocracia de las instituciones financieras y comerciales internacionales. Cuando los países del Tercer Mundo obtienen aranceles y otras ventajas comerciales, las potencias del G-8 obtienen por lo general más ventajas en el cambio y con frecuencia no cumplen su parte del trato. (En Doha, una de las quejas más frecuentes de los países más pobres era que: "antes de que nos concedan más, que nos dejen ver algo de los beneficios que nos prometieron en las anteriores concesiones"). Aunque la posición económica de los países del Tercer Mundo con respecto a la de los países del G-8 se ha deteriorado durante las dos últimas décadas, sus miembros encuentran que los ricos siguen siendo enormemente tacaños y continúan protegiendo industrias como las textiles y dando grandes subsidios a la agricultura, ambas áreas de importancia para los países más pobres y donde sus "ventajas comparativas" son mayores.
Que los intereses de las empresas transnacionales controlan el impulso del "libre comercio" se demuestra con el papel de estos poderosos grupos en la campaña sobre el libre comercio y su implantación. Son representantes de la comunidad empresarial estadounidense, como Robert McNamara y James Wolfensohn, los que han dirigido las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial. Son los líderes de los EE.UU. y otros miembros del G-8 los que han presionado para la creación de la OMC y su ampliación, e intentaron imponer hace algunos años el Acuerdo Multilateral de Inversión. Han hecho esto a través de una estrecha consulta con representantes empresariales, excluyendo completamente a otros sectores de la población.
Cada cierto tiempo se revela que representantes empresariales y mediadores trabajaban en la preparación de agendas para las reuniones de la OMC, de las que no solamente eran excluidos sectores no empresariales locales, sino también representantes oficiales de países del Tercer Mundo. El tanque de pensamiento holandés Observatorio Empresarial Europeo consiguió recientemente tres documentos oficiales de la OMC que incluían minutas de reuniones secretas mantenidas por el comité de Liberización del Comercio en los Servicios (Liberalization Trade in Services) entre abril de 1999 y febrero del 2001. Estas minutas demostraron que representantes gubernamentales que negociaban asuntos comerciales trabajaban hombro con hombro con la comunidad bancaria interesada en las transacciones (Goldman Sachs, Prudential, Morgan Stanley, Dean Witter y otros), compartiendo con ellos documentos confidenciales de negocios, diseñando conjuntamente una agenda e incluso considerando a que firmas consultoras y académicos deberían contratar para responder a las acusaciones de críticos anti-globalización (ver "La agenda oculta de la OMC", de Greg Palast, 9 de noviembre 2001,
www.corpwatch.org/issues/wto/featured/2001/gpalast.html).
Un ataque contra la democracia
Se puede argumentar que si líderes elegidos democráticamente, como Bill Clinton, George W. Bush y Tony Blair, apoyan estos acuerdos, éstos son justificables como producto de la democracia. Este argumento, sin embargo, se rebate fácilmente por el hecho de que los sondeos de opinión han mostrado con contundencia la oposición pública a tales acuerdos, por lo que el apoyo de estos líderes responde más al colapso del fundamento democrático en las elecciones del G-8 y a la ineptitud de cualquier líder político electo de oponerse a los intereses básicos empresariales bajo las condiciones institucionales actuales. En el caso de Clinton, tuvo que sobornar a muchos miembros de su mismo partido en el Senado y el Congreso para obtener una suficiente minoría democrática que se uniera a los republicanos para apoyar su política NAFTA.
También es notorio que estos acuerdos no sólo se hacen con gran reserva, evitando el debate público tanto como sea posible, sino que las reuniones se mantienen cada vez más aisladas del público por una abrumadora presencia policial y celebradas en sitios apropiadamente antidemocráticos como Qatar para minimizar las posibilidades de protestas públicas. Los fines antidemocráticos demandan más y más medios antidemocráticos.
Es de la mayor importancia que estos acuerdos se diseñen para aislar a los cada vez más numerosos derechos de las empresas de cualquier coacción a través de procesos electorales y democráticos. Todos ellos aumentan los intereses de los inversores en detrimento de los derechos de otras comunidades políticas, para subordinar las necesidades y demandas de la comunidad a los intereses inversionistas. En estos acuerdos nunca hay nada que imponga requisitos de conducta o actuación a las empresas, sólo a los gobiernos, los cuales deben resignarse a no hacer nada a las empresas y renunciar a sus propios derechos, tales como el derecho de entrar en nuevos terrenos económicos si así lo eligen (exterminado por el NAFTA) o imponer obligaciones especiales a empresas extranjeras que quieran hacer negocios en el país.
Durante las recientes negociaciones en Doha, uno de los asuntos impulsados por la comunidad del "libre comercio" (TNC y los gobiernos del G-8) fue la conveniencia de introducir "servicios públicos" en el mercado y bajo la jurisdicción de la OMC. En la actualidad, los gobiernos ya tienen la opción de subcontratar operaciones de servicios públicos si así lo quieren, entonces ¿a cuento de qué quieren introducir esto en la órbita de la OMC? La respuesta, claro está, es que las TNC quieren despojar a los gobiernos de servicios públicos como la educación y la salud y no están dispuestos a que sus casos se decidan por medios democráticos. Quieren forzar a las comunidades a que abran estos servicios a ofertas competitivas, lo que equivale a dominio externo. El único interés servido por este impulso es el de las empresas proveedoras, proceso que no puede ser más antidemocrático.
El empuje antidemocrático de los acuerdos de "libre comercio" en relación con los países del Tercer Mundo como víctimas fue notablemente evidente al firmarse el NAFTA y producirse la debacle mejicana. Siete de las diez editoriales del New York Times sobre el NAFTA alababan el acuerdo por "atar" a Méjico a las "reformas". El hecho de que el presidente mejicano que firmó el acuerdo había ganado unas elecciones que incluso el mismo New York Times admitió más tarde que podían haber sido fraudulentas, no hizo que el periódico se cuestionara su derecho a atar a Méjico a este acuerdo. Siguiendo la debacle de 1994, los medios y economistas se regocijaban por el efecto atadura, el cual impedía a Méjico protegerse a sí mismo imponiendo controles de capital. En su lugar, tuvo que reducir la inflación, causando un desempleo masivo. El carácter antidemocrático de esta encerrona no preocupó en absoluto ni a los medios ni a los economistas.
En el mismo periodo, el Tesoro estadounidense y el FMI acordaron una inyección de oxígeno para Méjico de alrededor de 40 mil millones de dólares, gran parte de la cual fue pagada a inversores estadounidenses que huían del peso. En realidad, este fue un uso completamente ilegal de los fondos del FMI, tal como especifica el artículo 6 del acuerdo, que exige al FMI intervenir para evitar que sus miembros usen créditos del fondo para evadir capital.
"Libre Comercio" como creación de pobreza
Para los ideólogos del libre comercio, libre comercio significa crecimiento, y como el crecimiento aumenta los ingresos per capita y la riqueza, por lo tanto se reduce la pobreza. Pero si crecimiento significa un crecimiento más rápido que en los años de mayor implicación gubernamental y proteccionismo, en las últimas décadas el libre comercio no ha significado "crecimiento". Los niveles de crecimiento han disminuido: Mark Weisbrot, Dean Baker, Egor Kraev y Judy Chen encontraron en su " Tarjeta de Resultados de la Globalización 1980-2000" que cinco grupos de los países más pobres fueron de una tasa de crecimiento anual per capita del 1,9 por ciento entre 1960 y 1980 a una disminución del 0,5 por ciento al año entre 1980 y 2000. El grupo medio, formado principalmente por países pobres, sufrió una disminución del 3,6 a menos del 1 por ciento. Los otros tres grupos también sufrieron descensos de las tasas de crecimiento per capita. El economista David Félix ha demostrado también que la productividad del trabajo, que creció un 4,6 por ciento al año en los países de la OCDE entre 1960 y 1973, creció sólo un 1,7 por ciento al año entre 1973 y 1997. Por lo tanto, el crecimiento ha descendido bajo las grandes reglas de los mercados libres.
Igual de importante, una pequeña minoría elitista se ha beneficiado cada vez más allí donde se ha producido crecimiento, por lo que el impacto negativo de la lentitud del crecimiento sobre la gran mayoría se ha acentuado por el empeoramiento de la distribución. Esto es cierto tanto en los países del G-8 como en los países pobres. Excluyendo a China, en 1980 el 10 por ciento más rico de la población mundial era 90,3 veces más rico que el 10 por ciento más pobre, 135,5 veces más en 1990 y 154,4 veces más en 1999. (Si se incluye a China se reduce la diferencia, debido a su gran tamaño y al rápido crecimiento. Pero dentro de China la desigualdad en los ingresos ha aumentado notablemente). Los ricos se hicieron más ricos, los pobres no pudieron mejorar sus condiciones económicas y aumentaron en números absolutos bajo el régimen liberalizador. Los 400 millones más pobres, viviendo con 78 centavos al día en 1999, estaban mucho peor en 1999 que en 1980. El número absoluto de pobres en 1998, ligeramente mayor que en 1980 y usando como referencia el criterio de 1,08 dólares al día, era de 1.600 millones. Incluso el Banco Mundial reconoce que: "en conjunto, y para algunas grandes regiones, todas las medidas apuntan a que en la década de los 90 no se vio mucho progreso en la erradicación de la pobreza en los países en vías de desarrollo". El FMI también coincidió en que el progreso en la erradicación de la pobreza "ha sido decepcionadamente bajo en muchos países en vías de desarrollo".
En estas manifestaciones de preocupación y remordimiento son palpables las lágrimas de cocodrilo y la hipocresía. Estos resultados son precisamente los que se deberían de esperar cuando los acuerdos de "libre comercio" y las instituciones implantan programas diseñados por los gobiernos de las grandes TNC, se ajustan en estrecha colaboración con ellas y descaradamente sirven a los intereses de las TNC. Las TNC quieren mercados laborales flexibles, que les apliquen impuestos bajos, que no tengan que invertir mucho (ni siquiera en países pobres) y limitaciones en la capacidad de los gobiernos para ayudar a las empresas locales. Por todo esto luchan el FMI, el Banco Mundial y la OMC, todo lo cual sirve al rico y perjudica al pobre.
La liberalización del comercio y la protección de los derechos de los inversores ha hecho aumentar la competencia en la importación y la movilidad de capital, tendiendo a reducir los salarios. La desregulación financiera y la eliminación de los controles de capital han aumentado la frecuencia de las crisis financieras y disminuido la capacidad de los gobiernos de hacerles frente. Esto ha provocado un aumento de la tasa de desempleo, al tiempo que el FMI y el Banco Mundial han ayudado a debilitar la red de seguridad que protege a los más necesitados. Así que el "libre comercio" parece diseñado para incrementar la pobreza, y así es, en el sentido de que la pobreza es el aceptado y bien entendido "daño colateral" de los programas que se centran en hacer las cosas favorables para las TNC. Cualquier beneficio para la mayoría se da en forma de goteo que puede o no contrarrestar el daño inflingido por los programas de "libre comercio" que sirven a las TNC, como el recorte de presupuestos sociales y la sustitución de la agricultura local por otra de productos exportables.
Debido a los poderosos intereses del libre comercio, es una "verdad falsa" que la teoría económica apoye el libre comercio si es en interés de todos. La teoría de la ventaja comparativa sugiere que una división internacional del trabajo puede aumentar la producción global, y es obvio que una división entre producir bananas en los trópicos y ordenadores en el norte será ventajosa. Pero la teoría asume la movilidad tanto del capital como de la mano de obra, así como el mantenimiento del pleno empleo. De otra forma, las ganancias de la producción pueden no existir y los efectos de distribución pueden llegar a ser desiguales y regresivos. La teoría también ignora la dinámica del cambio tecnológico y la posibilidad de que pequeñas empresas no puedan competir con empresas extranjeras que les llevan ventaja, tienen mucha más experiencia y tienen los recursos adecuados para competir en innovación.
Mientras los ideólogos del libre comercio reclaman que este es el camino adecuado para erradicar la pobreza y conseguir un crecimiento sostenible, ninguna de las Grandes Potencias confió en el libre comercio en sus comienzos. Cada una de ellas -EE.UU., Alemania, Gran Bretaña, Francia, Japón e incluso los "Tigres" Asiáticos posteriores a la segunda Guerra Mundial- protegió sus pequeñas industrias durante largos periodos. Y ahora, después de haber alcanzado una gran riqueza y dominación, derivada fundamentalmente de explotar y saquear durante siglos a la población del Tercer Mundo, están usando su poderío global para explotar aún más a esta gente, forzándoles a aceptar un régimen de "libre comercio" que ellos mismos evitaron para alcanzar un crecimiento sostenido, pretendiendo que este es el camino hacia la prosperidad, cuando de hecho sólo sirve a sus propios intereses, o al menos a los de sus compañías transnacionales.
Etiquetas elementales en relaciones públicas exigen que los líderes del Banco Mundial, el FMI y la OMC, que han seguido persistentemente una agenda corporativa transnacional, proclamen su hondo pesar por la pobreza y los planes para reducirla. A veces los líderes de las agencias vasallas de las empresas van más allá y anuncian una nueva consagración a reducir la pobreza (así como la protección medioambiental), y presionan a las Grandes Potencias a ser más generosas en el trato con los países pobres. Pero los esfuerzos por reducir la pobreza han consistido prácticamente en programas simbólicos, incapaces de hacer el más mínimo alarde para contrarrestar los intereses de las TNC y la predisposición a crear pobreza. Esto ha contribuido a un asombroso crecimiento en la desigualdad de los ingresos y a un mundo de empobrecimiento masivo continuo frente a la enorme riqueza y crecimiento de los ingresos en los países del G-8.
Puede ser útil señalar el aspecto que tendría un verdadero programa para reducir la pobreza. A qué conllevaría un conjunto de políticas internacionales que no estén diseñadas para servir a los ricos y las empresas transnacionales y en qué se diferenciaría de las ofertas del poder occidental.
*
(1) Honrando la democracia y no "atando" a los países al camino del "libre comercio". Las Grandes Potencias predican la democracia, pero no permiten que funcione en condiciones que perjudique a los intereses de sus empresas transnacionales. El primer paso para reducir la pobreza es dejar que los mandatarios electos locales respondan a las demandas y necesidades de su electorado. *
(2) La primera prioridad es dejar que estos dirigentes sirvan a las necesidades básicas de sus gentes. El diseño del régimen del "libre comercio" ha consistido en desviar a los países del Tercer Mundo de servir primero a sus ciudadanos a integrarse y, debido al desequilibrio en el poder, servir a la comunidad empresarial global. Esto ha llevado a los países más pobres a endeudarse y verse forzados a trabajar en una agricultura orientada a la exportación para pagar las deudas, trayendo consigo un abandono masivo de la tierra y de los cultivos de consumo local por parte de los agricultores. La desviación de prioridades locales hacia servicios globales se ha producido de otras muy diversas maneras. *
(3) Dejándoles que elijan sus propios caminos de desarrollo, que probablemente conllevarán un acusado proteccionismo. Como pasó con los países del G-8 en sus primeros años. Puede que quieran proteger sus inexpertas industrias y diversificar sus economías, no sólo suministrar materias primas, en interés de una estabilidad económica y de un crecimiento potencial a largo plazo. Puede que deseen mantenerse al margen de contraer deudas y de una destacada implicación en las finanzas globales en interés de una mayor estabilidad económica. Puede que quieran proteger la agricultura local en interés de la estabilidad social y asegurar el suministro de sustento básico en casa. *
(4) Permitiéndoles el derecho a proteger sus culturas y medio ambiente. Puede que las TNC estén interesadas en anunciarse libremente y vender sin límites en todos los sitios, pero no hay razón para que cada sociedad no sea libre de protegerse a sí misma de la comercialización ilimitada que sólo beneficia a los poderosos. Es posible que se abuse de esa protección, pero también está bastante claro el abuso al que están expuestos los países pobres de colaborar con los ricos. La gente debería tener el derecho a rechazar y el derecho de limitar, sin impedimento externo alguno. *
(5) Resarciendo el abuso masivo de la "acumulación miserable" de occidente por "indemnizaciones". El crecimiento y la prosperidad del G-8 se debe en gran parte a siglos de explotación de lo que es ahora el Tercer Mundo, mediante literalmente el robo, los trabajos forzados, la esclavitud y el tráfico de esclavos y el control de la producción y el comercio. Si entre la élite del G-8 existiera el más mínimo grado de sinceridad moral, reconocerían la obligación de emprender acciones positivas para "equilibrar el terreno de juego", que hoy en día es radicalmente desigual debido al enorme saqueo y explotación. Concederían ayudas a gran escala a los herederos de sus víctimas e importantes preferencias comerciales unilaterales a los países del Tercer Mundo, en vez de hacer concesiones sólo en acuerdos que conllevan ganancias netas para los ya ricos.
El "libre comercio" y el puño de hierro
Pero los EE.UU. y sus aliados del G-8 no sólo rechazan ese programa real de reducción de la pobreza, sino que continúan sirviéndose a ellos mismos, o más bien a sus élites, y creando pobreza. Tampoco escatiman en usar fuerza militar y subversión para mantener a los líderes sumisos en sus puestos.
Impedir a la gente intentar reducir la pobreza mediante el uso de la violencia es algo que viene de antiguo. La "verdadera red del terror" de la Seguridad Nacional Estatal en Latinoamérica en los 60 y 70 fue construida bajo la estrecha supervisión y ayuda de los EE.UU., y fue diseñada para impedir que incluso gobiernos democráticos ostentaran poder alguno. Fue el fruto de una política premeditada para erigir y entrenar al personal militar y policial latinoamericano como agentes estadounidenses de facto, para luchar contra los gobiernos que intentaban servir "la creciente demanda popular de una mejora inmediata en los bajos niveles de vida de las masas", se oponían a "una subversión estadounidense" y para "crear un clima político y económico conducente a la inversión privada" (como explica un documento de 1955 del Consejo Nacional de Seguridad de los EE.UU.).
En años anteriores, el uso de la fuerza para justificar los intereses de las élites occidentales podía residir en la cobertura contra la amenaza soviética. Nada ha cambiado sustancialmente desde que esa cobertura se desvaneciera, excepto la desaparición del modesto elemento de contención que suponía la Unión Soviética. Los EE.UU. están armados hasta los dientes y con el 11 de septiembre y la nueva e interminable "guerra contra el terrorismo" tienen un sustituto perfecto de la antigua cobertura para enfrentarse a gobiernos que erróneamente intentan satisfacer las necesidades populares para el beneficio inmediato de los ciudadanos de a pie (y para permitirse entrar en nuevas áreas ricas en recursos naturales y distraer la atención pública de las "mejoras inmediatas" en lo que se refiere a compañías petrolíferas, etc.).
Thomas Friedman, en una de las raras ocasiones en las que cuenta la verdad, haciendo un flaco favor al proyecto imperial, reconocía que: "la mano oculta del mercado nunca funcionará sin un puño oculto, McDonald´s no puede prosperar sin McDonnell Douglas, los diseñadores del F-15. Y el puño oculto que mantiene el mundo seguro para las tecnologías del Silicon Valley se llama ejercito de EE.UU., Fuerzas Aéreas, Armada y Marines" (New York Times, 3/10/99). Pero ¿dónde está la libertad de elección de aquellos que son atacados por "el puño oculto" para saber si sus sociedades están preparadas para la entrada de esos emprendedores de Silicon Valley? Friedman se va de la lengua, estamos hablando de un sistema coercitivo, no de libertad. Es más, las operaciones de las instituciones militares estadounidenses no son el verdadero "puño oculto". Éste se encuentra en las reuniones, instituciones y reglamentos del aparato gestor del "libre comercio", el cual es enormemente represivo pero cauteloso, antidemocrático, que da una imagen falsa de consensual y que está construido sobre la amenaza abierta del uso de la fuerza militar.
Edward Herman es economista y analista de medios. Su libro más reciente es "Capacidad degradada: los medios y la crisis de Kosovo" (Pluto Press).
