Rouco pide «no cuestionar» la presencia de la Iglesia católica en la Constitución y cree que el Estado «no está legitimado para imponer» un perfil ético
El presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, defendió ayer «la presencia expresa de la Iglesia católica en el texto constitucional» como un modo de asegurar el derecho a la libertad religiosa en España.
Lo cuenta Jesús Bastante en Abc
El arzobispo de Madrid, quien participó en el curso «Iglesia, sociedad y política en la sociedad del siglo XXI», organizado por la Universidad Rey Juan Carlos en el campus de Aranjuez, indicó la importancia de «no cuestionar la estabilidad constitucional de la presencia de la Iglesia católica» en la Carta Magna, así como la validez y legitimidad de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, que «ofrecen un buen marco institucional». «Cuestionarlos, negarlos o delimitarlos no es bueno, no haría bien», recalcó el purpurado, quien no obstante reconoció que «hay cuestiones de carácter técnico-jurídico, como la educación y la asignación tributaria, que están abiertas al diálogo y que no han sido recogidas suficientemente».
«Borrarse de la propia historia»
Rouco, quien estuvo acompañado por el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares; el vicepresidente del Senado, Juan José Lucas, y el rector de la Universidad, Pedro González Trevijano, destacó la importancia del artículo 16 de la Constitución, que consagra el derecho a la libertad religiosa, reconociendo la relevancia específica de la Iglesia católica en España. «No reconocerlo sería vivir en la estratosfera», señaló el presidente de la Conferencia Episcopal, quien criticó que «a veces uno se pregunta si no estaremos padeciendo un complejo de anacronismo religioso, del que no acabamos de salir. Algunos nos quieren colocar en el año 711, pero estamos en 2004, y tenemos que ver los problemas con el realismo de la actualidad. Parece que, por principio, hay que borrarse de la propia Historia».
El cardenal de Madrid dedicó buena parte de su alocución a definir el concepto de libertad religiosa, que reconoció como «un derecho fundamental», aunque «la forma de interpretar ese derecho es objeto en España de múltiples fórmulas, algunas de ellas contradictorias». El purpurado echó mano de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 para destacar la relevancia mundial de este derecho, aun reconociendo que «todavía hoy hay situaciones en el mundo donde este derecho es negado, donde hacer profesión de fe puede costarte la vida» y que «algunos países musulmanes presentaron una reserva a favor de la sharia» en su debate. Y añadió: «Toda limitación de la expresión social de la fe afecta a la libertad religiosa».
Aplicando el concepto de libertad religiosa a nuestro país, el cardenal Rouco pidió una defensa efectiva de este derecho, que «debe ser protegido por el Estado no sólo en sus mínimos, sino en toda su magnitud, y del modo en que lo quieran vivir sus ciudadanos, no bajo supuestos abstractos». Tras recordar que España «continúa siendo» un país predominantemente católico, Rouco Varela apuntó que «hay un límite para el derecho a la libertad religiosa, que tiene que concordar con el ejercicio de los demás derechos». «Si alguna fórmula religiosa atenta contra los derechos humanos, debe ser restringida», declaró el purpurado, si bien apuntó que «dicho límite no debe convertirse en un pretexto, sino que debe ser comprendido y asumido con responsabilidad».
En contrapartida, el cardenal de Madrid reclamó que «el Estado tiene que reconocer sus propios límites» en esta materia, puesto que «si se sale de ellos, corre el riesgo de dejar de ser un Estado democrático». «El Estado no está legitimado para imponer» un tipo de conciencia a sus ciudadanos, recordó Rouco. «Reconocer la no confesionalidad o laicidad del Estado no supone que éste se encuentre por encima de la ética y creencias de sus ciudadanos, sino que se tiene que nutrir de ellas».
El presidente de la Conferencia Episcopal aseguró que «el Estado no es dueño de los derechos y libertades de las personas» y resaltó que «reconocer que los principios éticos y morales son anteriores al derecho positivo es de una enorme importancia para el futuro político de España y Europa».
Continuando con las relaciones Iglesia-Estado, Rouco Varela apuntó que «no se puede negar ni minusvalorar la experiencia cristiana de España», que «hay que tener en cuenta, por respeto», a la hora de establecer un diálogo sereno entre instituciones políticas y eclesiásticas. «En las relaciones con el Estado, podemos mejorar, pero también podemos empeorar mucho», advirtió el cardenal de Madrid, quien resaltó que «hemos ejercido constantemente el instrumento del diálogo».
Entre las «cuestiones cruciales» que marcan dichas relaciones, dio prioridad a «los problemas con la clase de Religión». Para Rouco, se trata de «una cuestión importante, porque en la escuela se decide, en gran medida, la personalidad del hombre», y calificó de «inaceptable» la concepción de la escuela «como patrimonio exclusivo de la realidad política», puesto que «se trata de una realidad anterior al Estado».
Rouco fue presentado por el arzobispo de Toledo, quien aseguró que «la libertad religiosa es una cuestión fundamental», añadiendo que «una sociedad sana necesita del reconocimiento pleno del ámbito de lo religioso». Para monseñor Cañizares -organizador, junto a Juan José Lucas, del curso, que entre hoy y el jueves contará con la presencia, entre otros, de Manuel Fraga, Iñaki Anasagasti y el teólogo Olegario González de Cardenal-, se trata de una cuestión «de suma actualidad», y que afecta a «la educación, los servicios sociales, la cultura, el matrimonio y la vida». Por su parte, el vicepresidente del Senado, Juan José Lucas, recordó que «la Historia y la identidad de Europa y España son inconcebibles sin el Cristianismo y sin la Iglesia católica», y pidió que sea escuchada «la voz de más del 85 por ciento de los padres, que deseamos que nuestros hijos estudien Religión en la escuela, y que ésta sea evaluable».
El presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, defendió ayer «la presencia expresa de la Iglesia católica en el texto constitucional» como un modo de asegurar el derecho a la libertad religiosa en España.
Lo cuenta Jesús Bastante en Abc
El arzobispo de Madrid, quien participó en el curso «Iglesia, sociedad y política en la sociedad del siglo XXI», organizado por la Universidad Rey Juan Carlos en el campus de Aranjuez, indicó la importancia de «no cuestionar la estabilidad constitucional de la presencia de la Iglesia católica» en la Carta Magna, así como la validez y legitimidad de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, que «ofrecen un buen marco institucional». «Cuestionarlos, negarlos o delimitarlos no es bueno, no haría bien», recalcó el purpurado, quien no obstante reconoció que «hay cuestiones de carácter técnico-jurídico, como la educación y la asignación tributaria, que están abiertas al diálogo y que no han sido recogidas suficientemente».
«Borrarse de la propia historia»
Rouco, quien estuvo acompañado por el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares; el vicepresidente del Senado, Juan José Lucas, y el rector de la Universidad, Pedro González Trevijano, destacó la importancia del artículo 16 de la Constitución, que consagra el derecho a la libertad religiosa, reconociendo la relevancia específica de la Iglesia católica en España. «No reconocerlo sería vivir en la estratosfera», señaló el presidente de la Conferencia Episcopal, quien criticó que «a veces uno se pregunta si no estaremos padeciendo un complejo de anacronismo religioso, del que no acabamos de salir. Algunos nos quieren colocar en el año 711, pero estamos en 2004, y tenemos que ver los problemas con el realismo de la actualidad. Parece que, por principio, hay que borrarse de la propia Historia».
El cardenal de Madrid dedicó buena parte de su alocución a definir el concepto de libertad religiosa, que reconoció como «un derecho fundamental», aunque «la forma de interpretar ese derecho es objeto en España de múltiples fórmulas, algunas de ellas contradictorias». El purpurado echó mano de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 para destacar la relevancia mundial de este derecho, aun reconociendo que «todavía hoy hay situaciones en el mundo donde este derecho es negado, donde hacer profesión de fe puede costarte la vida» y que «algunos países musulmanes presentaron una reserva a favor de la sharia» en su debate. Y añadió: «Toda limitación de la expresión social de la fe afecta a la libertad religiosa».
Aplicando el concepto de libertad religiosa a nuestro país, el cardenal Rouco pidió una defensa efectiva de este derecho, que «debe ser protegido por el Estado no sólo en sus mínimos, sino en toda su magnitud, y del modo en que lo quieran vivir sus ciudadanos, no bajo supuestos abstractos». Tras recordar que España «continúa siendo» un país predominantemente católico, Rouco Varela apuntó que «hay un límite para el derecho a la libertad religiosa, que tiene que concordar con el ejercicio de los demás derechos». «Si alguna fórmula religiosa atenta contra los derechos humanos, debe ser restringida», declaró el purpurado, si bien apuntó que «dicho límite no debe convertirse en un pretexto, sino que debe ser comprendido y asumido con responsabilidad».
En contrapartida, el cardenal de Madrid reclamó que «el Estado tiene que reconocer sus propios límites» en esta materia, puesto que «si se sale de ellos, corre el riesgo de dejar de ser un Estado democrático». «El Estado no está legitimado para imponer» un tipo de conciencia a sus ciudadanos, recordó Rouco. «Reconocer la no confesionalidad o laicidad del Estado no supone que éste se encuentre por encima de la ética y creencias de sus ciudadanos, sino que se tiene que nutrir de ellas».
El presidente de la Conferencia Episcopal aseguró que «el Estado no es dueño de los derechos y libertades de las personas» y resaltó que «reconocer que los principios éticos y morales son anteriores al derecho positivo es de una enorme importancia para el futuro político de España y Europa».
Continuando con las relaciones Iglesia-Estado, Rouco Varela apuntó que «no se puede negar ni minusvalorar la experiencia cristiana de España», que «hay que tener en cuenta, por respeto», a la hora de establecer un diálogo sereno entre instituciones políticas y eclesiásticas. «En las relaciones con el Estado, podemos mejorar, pero también podemos empeorar mucho», advirtió el cardenal de Madrid, quien resaltó que «hemos ejercido constantemente el instrumento del diálogo».
Entre las «cuestiones cruciales» que marcan dichas relaciones, dio prioridad a «los problemas con la clase de Religión». Para Rouco, se trata de «una cuestión importante, porque en la escuela se decide, en gran medida, la personalidad del hombre», y calificó de «inaceptable» la concepción de la escuela «como patrimonio exclusivo de la realidad política», puesto que «se trata de una realidad anterior al Estado».
Rouco fue presentado por el arzobispo de Toledo, quien aseguró que «la libertad religiosa es una cuestión fundamental», añadiendo que «una sociedad sana necesita del reconocimiento pleno del ámbito de lo religioso». Para monseñor Cañizares -organizador, junto a Juan José Lucas, del curso, que entre hoy y el jueves contará con la presencia, entre otros, de Manuel Fraga, Iñaki Anasagasti y el teólogo Olegario González de Cardenal-, se trata de una cuestión «de suma actualidad», y que afecta a «la educación, los servicios sociales, la cultura, el matrimonio y la vida». Por su parte, el vicepresidente del Senado, Juan José Lucas, recordó que «la Historia y la identidad de Europa y España son inconcebibles sin el Cristianismo y sin la Iglesia católica», y pidió que sea escuchada «la voz de más del 85 por ciento de los padres, que deseamos que nuestros hijos estudien Religión en la escuela, y que ésta sea evaluable».
, me odiaba, mejor dicho, me odiaban, en los dos grados, las dos profesoras distintas. Mis padres tuvieron que ir a hablar a la escuela más de una vez. Te lo repito, tuvieron que ir a hablar a la escuela mas de una vez, para que no me siguieran echando de clases por no rezar a María.