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Es frecuente la noticia de problemas entre “evangélicos” y “católicos tradicionalistas” en nuestro Estado, como expulsiones, amenazas, castigos, cárceles, discriminaciones, quema de templos; en resumen, de intolerancia religiosa.
De ordinario, esto sucede no entre católicos diocesanos y protestantes o evangélicos, sino entre éstos y los llamados tradicionalistas, que no dependen de nuestra diócesis, que no toman en cuenta la Biblia ni las leyes del país, sino que se rigen por sus propios acuerdos y tradiciones. Con ellos, nosotros también tenemos diferencias. Por tanto, no es válido calificar el conflicto como una guerra entre católicos y protestantes, y mucho menos seguir presentando a los católicos como intolerantes.
Por otra parte, aunque esto no es noticia, también los católicos sufrimos agresiones e insultos, como si todos fuéramos borrachos y pecadores irredentos. A diario nos ataca el proselitismo exacerbado, en los domicilios, en las plazas públicas, en el culto, en los medios de comunicación. Cuando nos califican de idólatras, queman y destruyen imágenes religiosas, porque dicen que son ídolos, se demuestra ignorancia del catolicismo y una interpretación parcial de la Biblia.
Informes oficiales indican que, actualmente, aumentan los conflictos internos entre los mismos protestantes, por las constantes subdivisiones internas, que llevan a “fundar” nuevas iglesias. Estamos cayendo en un supermercado religioso, con múltiples ofertas de “religiones”, que fácilmente logran su registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación.
JUZGAR
El Concilio Vaticano II nos ha enseñado que “la verdad no se impone de otra manera que por la fuerza de la misma verdad” (Declaración Dignitatis humanae, 1), y que “nadie debe ser forzado a abrazar la fe contra su voluntad” (Ib, 10).
En la mayoría de las comunidades de Chiapas hay convivencia pacífica, tolerancia serena, respeto a la libertad religiosa de unos y otros. Sólo persisten problemas en unos cuatro o cinco municipios de Los Altos, y alguno de la Región Frontriza. En el resto, todo es paz.
Ratifico lo que he dicho en varias ocasiones: En la ley civil y en nuestra legislación católica, todos los seres humanos tienen plena libertad para pertenecer a la religión que prefieran, o no tener ninguna. A nadie se puede obligar a cambiar de religión, o a practicar un culto contrario a su conciencia. Es ilegítimo obligar a pagar cuotas, a ejercer cargos, a participar en actos de culto que sean de una religión diferente a la propia. No se han de exigir aportaciones económicas para fiestas religiosas que sean de otra creencia. Mucho menos se ha de permitir que se expulse a quienes deciden practicar una religión diferente, ni que se les cause algún daño en sus bienes o en su persona. Quien haga o promueva esto, está en contra de lo que Dios quiere para su pueblo, y se expone a sanciones de tipo penal, contempladas en las leyes civiles. Aunque se hayan firmado acuerdos previos en las comunidades, o la asamblea ejidal haya tomado esa decisión por mayoría, si ésta viola derechos humanos, es injusta y ha de rechazarse. Las costumbres no deben ir en contra de la dignidad humana.
Nuestra diócesis no alienta ni aprueba las expulsiones de quienes deciden profesar otra religión diferente a la de la mayoría, aunque sea un acuerdo tomado en asamblea. Toda expulsión o discriminación por motivos religiosos no es acorde con el Evangelio, y por tanto la Iglesia Católica la rechaza y la condena. Los obispos, los sacerdotes, las religiosas y demás agentes de pastoral no promovemos esas intolerancias.
Procuramos educar a nuestros feligreses en el respeto a otras religiones, en el aprecio a las diferencias y en la colaboración en asuntos comunes. Sin embargo, esos casos nos rebasan, pues son decisiones que no dependen de la diócesis, ni de católicos cercanos a las parroquias, sino de “tradicionalistas” que, aunque se dicen católicos, no respetan la Constitución, ni la Biblia o al obispo, sino sólo sus normas y costumbres internas.
ACTUAR
Educarnos para que no sólo haya tolerancia a la diversidad religiosa, sino que nos amemos como hermanos, siguiendo el precepto evangélico de amar a los demás, a pesar de que sean de diferente religión, e incluso enemigos.
Que los líderes religiosos de nuestro Estado sigamos reuniéndonos en el “Consejo Interreligioso de Chiapas”, para conocernos, respetarnos, amarnos, orar y meditar juntos la Palabra de Dios, trabajar por la paz y la reconciliación entre nuestros feligreses.
Que los legisladores y las autoridades civiles hagan que se respete el artículo 24 de la Constitución, para tutelar el derecho a la libertad religiosa. Si algunas autoridades impiden esa libertad, deben ser advertidas de que se hacen acreedoras a las sanciones previstas en la ley. Los llamados “usos y costumbres” deben adecuarse a los derechos fundamentales de toda persona humana; si los lesionan o violan, por eso mismo pierden fuerza y legitimidad.
Que los comunicadores no califiquen como guerra religiosa lo que es desavenencia por problemas políticos, agrarios, sociales o culturales, aunque muchas veces mezclados con asuntos religiosos. En Chiapas no hay guerra religiosa, sino divisiones por la tierra, por los partidos, por las organizaciones y por otras cuestiones ideológicas.
Que todos nos esforcemos por cumplir el deseo de Jesucristo de mantenernos unidos, dentro de la legítima pluralidad en lo que no es esencial. Pidamos al Espíritu Santo que nos conceda su gracia para superar toda división entre nosotros, pues nuestras divisiones son un impedimento para evangelizar a tanta gente que no tiene fe.
+ Felipe Arizmendi Esquivel
Obispo de San Cristóbal de Las Casas
Es frecuente la noticia de problemas entre “evangélicos” y “católicos tradicionalistas” en nuestro Estado, como expulsiones, amenazas, castigos, cárceles, discriminaciones, quema de templos; en resumen, de intolerancia religiosa.
De ordinario, esto sucede no entre católicos diocesanos y protestantes o evangélicos, sino entre éstos y los llamados tradicionalistas, que no dependen de nuestra diócesis, que no toman en cuenta la Biblia ni las leyes del país, sino que se rigen por sus propios acuerdos y tradiciones. Con ellos, nosotros también tenemos diferencias. Por tanto, no es válido calificar el conflicto como una guerra entre católicos y protestantes, y mucho menos seguir presentando a los católicos como intolerantes.
Por otra parte, aunque esto no es noticia, también los católicos sufrimos agresiones e insultos, como si todos fuéramos borrachos y pecadores irredentos. A diario nos ataca el proselitismo exacerbado, en los domicilios, en las plazas públicas, en el culto, en los medios de comunicación. Cuando nos califican de idólatras, queman y destruyen imágenes religiosas, porque dicen que son ídolos, se demuestra ignorancia del catolicismo y una interpretación parcial de la Biblia.
Informes oficiales indican que, actualmente, aumentan los conflictos internos entre los mismos protestantes, por las constantes subdivisiones internas, que llevan a “fundar” nuevas iglesias. Estamos cayendo en un supermercado religioso, con múltiples ofertas de “religiones”, que fácilmente logran su registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación.
JUZGAR
El Concilio Vaticano II nos ha enseñado que “la verdad no se impone de otra manera que por la fuerza de la misma verdad” (Declaración Dignitatis humanae, 1), y que “nadie debe ser forzado a abrazar la fe contra su voluntad” (Ib, 10).
En la mayoría de las comunidades de Chiapas hay convivencia pacífica, tolerancia serena, respeto a la libertad religiosa de unos y otros. Sólo persisten problemas en unos cuatro o cinco municipios de Los Altos, y alguno de la Región Frontriza. En el resto, todo es paz.
Ratifico lo que he dicho en varias ocasiones: En la ley civil y en nuestra legislación católica, todos los seres humanos tienen plena libertad para pertenecer a la religión que prefieran, o no tener ninguna. A nadie se puede obligar a cambiar de religión, o a practicar un culto contrario a su conciencia. Es ilegítimo obligar a pagar cuotas, a ejercer cargos, a participar en actos de culto que sean de una religión diferente a la propia. No se han de exigir aportaciones económicas para fiestas religiosas que sean de otra creencia. Mucho menos se ha de permitir que se expulse a quienes deciden practicar una religión diferente, ni que se les cause algún daño en sus bienes o en su persona. Quien haga o promueva esto, está en contra de lo que Dios quiere para su pueblo, y se expone a sanciones de tipo penal, contempladas en las leyes civiles. Aunque se hayan firmado acuerdos previos en las comunidades, o la asamblea ejidal haya tomado esa decisión por mayoría, si ésta viola derechos humanos, es injusta y ha de rechazarse. Las costumbres no deben ir en contra de la dignidad humana.
Nuestra diócesis no alienta ni aprueba las expulsiones de quienes deciden profesar otra religión diferente a la de la mayoría, aunque sea un acuerdo tomado en asamblea. Toda expulsión o discriminación por motivos religiosos no es acorde con el Evangelio, y por tanto la Iglesia Católica la rechaza y la condena. Los obispos, los sacerdotes, las religiosas y demás agentes de pastoral no promovemos esas intolerancias.
Procuramos educar a nuestros feligreses en el respeto a otras religiones, en el aprecio a las diferencias y en la colaboración en asuntos comunes. Sin embargo, esos casos nos rebasan, pues son decisiones que no dependen de la diócesis, ni de católicos cercanos a las parroquias, sino de “tradicionalistas” que, aunque se dicen católicos, no respetan la Constitución, ni la Biblia o al obispo, sino sólo sus normas y costumbres internas.
ACTUAR
Educarnos para que no sólo haya tolerancia a la diversidad religiosa, sino que nos amemos como hermanos, siguiendo el precepto evangélico de amar a los demás, a pesar de que sean de diferente religión, e incluso enemigos.
Que los líderes religiosos de nuestro Estado sigamos reuniéndonos en el “Consejo Interreligioso de Chiapas”, para conocernos, respetarnos, amarnos, orar y meditar juntos la Palabra de Dios, trabajar por la paz y la reconciliación entre nuestros feligreses.
Que los legisladores y las autoridades civiles hagan que se respete el artículo 24 de la Constitución, para tutelar el derecho a la libertad religiosa. Si algunas autoridades impiden esa libertad, deben ser advertidas de que se hacen acreedoras a las sanciones previstas en la ley. Los llamados “usos y costumbres” deben adecuarse a los derechos fundamentales de toda persona humana; si los lesionan o violan, por eso mismo pierden fuerza y legitimidad.
Que los comunicadores no califiquen como guerra religiosa lo que es desavenencia por problemas políticos, agrarios, sociales o culturales, aunque muchas veces mezclados con asuntos religiosos. En Chiapas no hay guerra religiosa, sino divisiones por la tierra, por los partidos, por las organizaciones y por otras cuestiones ideológicas.
Que todos nos esforcemos por cumplir el deseo de Jesucristo de mantenernos unidos, dentro de la legítima pluralidad en lo que no es esencial. Pidamos al Espíritu Santo que nos conceda su gracia para superar toda división entre nosotros, pues nuestras divisiones son un impedimento para evangelizar a tanta gente que no tiene fe.
+ Felipe Arizmendi Esquivel
Obispo de San Cristóbal de Las Casas
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