LOS DINEROS DE LOS OBISPOS: APORTACIONES DEL ESTADO ESPAÑOL A LA ICR
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<< MADRID, 16 septiembre 2001. En materia económica, la Iglesia católica
española se comprometió con el Gobierno del PSOE en 1987 a autofinanciarse
con una cuota de los impuestos de sus fieles, aceptando una moratoria que
terminó en 1991. Fracasado con estrépito ese empeño de autofinanciación, los
prelados querían negociar este año -para el inmediato presupuesto del
Estado- nuevos mecanismos de relación económica, pero las vinculaciones de
eclesiásticos destacados con el escándalo Gescartera hace impensable que
logren sus pretensiones.>>
=== De momento, en 2001 han recibido vía presupuestaria 21.750 millones, el
90,8% del presupuesto anual de la Iglesia, según datos de la Conferencia
Episcopal. Además de esos fondos públicos directos, el Estado paga cada año
varios cientos de miles de millones de pesetas en salarios de profesores de
religión de colegios públicos, en sueldos de capellanes castrenses,
penintenciarios y de hospitales y en subvenciones para los colegios
religiosos concertados, incluídos las nóminas de sus profesores -este capítu
lo, casi en su totalidad, por cuenta de los presupuestos de las comunidades
autónomas-, además de milmillonarias subvenciones para el patrimonio
histórico religioso y cuantisosas ventajas fiscales, esclusivas para esta
organización religiosa.
=== En materia de enseñanza, los documentos de la Conferencia Episcopal no
dejan dudas, incluso los emitidos tras el Concilio Vaticano II, con Franco
camino ya del moridero. 'La Escuela española ha de ser, ante todo,
católica', decía la Ley de Educación Primaria nacionalcatólica, precursora
del Concordato de 1953 entre España y la Santa Sede. En esos años, la
Iglesia adquirió tanta experiencia que en 1973 todavía sostenía tener tanto
derecho como el Estado para 'una sana colaboración' en ese campo. Que los
prelados busquen privilegios para su religión es comprensible -incluso,
obligado para ellos-, pero lo es menos el comportamiento del Estado. Si en
1953 el dictador cedió la mitad de la cartera a cambio de que el Vaticano
avalara concordatariamente a su régimen ante el mundo, las reformas
acordadas por el Gobierno de la UCD en 1976 y 1979 dejaron cabos sueltos que
dan pie ahora a que los obispos, representantes de Roma, exijan privilegios
sólo imaginables en 1953, no después de una Constitución que define al
Estado como 'aconfesional'.
=== Con el largo paréntesis de los Gobiernos socialistas, no sin alguna
guerra religiosa -la de los crucifijos y la LODE, por ejemplo-, el Gobierno
del PP, en 1999, a cambio de que algunos obispos dejaran de darle la tabarra
con la reclamada derogación de las leyes del aborto y del divorcio, entregó
lo que más barato sale en estos casos. Dinero. Eso que el Concordato
llamaba, en su artículo XIX, 'una congrua dotación' para el buen desarrollo
de las tareas evangelizadoras.
Fuente: El País
Redacción: ICPRESS
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<< MADRID, 16 septiembre 2001. En materia económica, la Iglesia católica
española se comprometió con el Gobierno del PSOE en 1987 a autofinanciarse
con una cuota de los impuestos de sus fieles, aceptando una moratoria que
terminó en 1991. Fracasado con estrépito ese empeño de autofinanciación, los
prelados querían negociar este año -para el inmediato presupuesto del
Estado- nuevos mecanismos de relación económica, pero las vinculaciones de
eclesiásticos destacados con el escándalo Gescartera hace impensable que
logren sus pretensiones.>>
=== De momento, en 2001 han recibido vía presupuestaria 21.750 millones, el
90,8% del presupuesto anual de la Iglesia, según datos de la Conferencia
Episcopal. Además de esos fondos públicos directos, el Estado paga cada año
varios cientos de miles de millones de pesetas en salarios de profesores de
religión de colegios públicos, en sueldos de capellanes castrenses,
penintenciarios y de hospitales y en subvenciones para los colegios
religiosos concertados, incluídos las nóminas de sus profesores -este capítu
lo, casi en su totalidad, por cuenta de los presupuestos de las comunidades
autónomas-, además de milmillonarias subvenciones para el patrimonio
histórico religioso y cuantisosas ventajas fiscales, esclusivas para esta
organización religiosa.
=== En materia de enseñanza, los documentos de la Conferencia Episcopal no
dejan dudas, incluso los emitidos tras el Concilio Vaticano II, con Franco
camino ya del moridero. 'La Escuela española ha de ser, ante todo,
católica', decía la Ley de Educación Primaria nacionalcatólica, precursora
del Concordato de 1953 entre España y la Santa Sede. En esos años, la
Iglesia adquirió tanta experiencia que en 1973 todavía sostenía tener tanto
derecho como el Estado para 'una sana colaboración' en ese campo. Que los
prelados busquen privilegios para su religión es comprensible -incluso,
obligado para ellos-, pero lo es menos el comportamiento del Estado. Si en
1953 el dictador cedió la mitad de la cartera a cambio de que el Vaticano
avalara concordatariamente a su régimen ante el mundo, las reformas
acordadas por el Gobierno de la UCD en 1976 y 1979 dejaron cabos sueltos que
dan pie ahora a que los obispos, representantes de Roma, exijan privilegios
sólo imaginables en 1953, no después de una Constitución que define al
Estado como 'aconfesional'.
=== Con el largo paréntesis de los Gobiernos socialistas, no sin alguna
guerra religiosa -la de los crucifijos y la LODE, por ejemplo-, el Gobierno
del PP, en 1999, a cambio de que algunos obispos dejaran de darle la tabarra
con la reclamada derogación de las leyes del aborto y del divorcio, entregó
lo que más barato sale en estos casos. Dinero. Eso que el Concordato
llamaba, en su artículo XIX, 'una congrua dotación' para el buen desarrollo
de las tareas evangelizadoras.
Fuente: El País
Redacción: ICPRESS