Acusado. El párroco de Entre Ríos, localidad distante a 130 km de la capital
Esto sucedió en mi país, lo raro es que el caso se haya vuelto un escándalo, como han cambiado las cosas. En Bolivia éste no es el primer caso, son conocidos los casos de curas pedófilos, lo raro es que ahora si se esté haciendo algo para investigar y sancionar al curita por medio de la justicia ordinaria, la ICR trató de ocultar el asunto lo más que pudo pero la tenacidad periodística y de la defensoría del menor pudieron más.
Prueba resultó positiva, cura embarazó a menor
Nuevo Sur. Tarija
El párroco de Entre Rios, a 130 kilómetros al sur de Tarija, Jose Álvarez incurrió en delito de estupro agravado y abandono de mujer embarazada. Los resultados de la prueba de ADN ratifican la comisión del delito, confirmando así la tipificación del proceso iniciado por la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Entre Ríos en contra del sacerdote. Las investigaciones contra el sacerdote fueron iniciadas el 30 de noviembre de 2001, a poco de que la menor de 15 años -al concebir tenía 14-, dio a luz a un bebé que a la fecha cuenta con casi 7 meses de edad. El sacerdote siempre negó los cargos y sólo fue suspendido de sus funciones hace dos semanas, ante la presión de la opinión pública. Comprobada la paternidad, la Asamblea de Derechos Humanos, a través de su presidente, Tamer Medina, también considera que la acusación se amplía al caso de abandono de mujer embarazada. La Asamblea de Derechos Humanos, una de las entidades coadyuvantes de la parte acusatoria, sostiene a través de su presidente que ahora el fiscal de la provincia O’ Connor, Reynaldo Aráoz, cuenta con una prueba científica y objetiva para fundamentar la acusación, prueba que fue tomada con la concurrencia voluntaria de ambas partes en presencia del Fiscal y otras instituciones involucradas en el tema. El fiscal tiene plazo hasta el 30 de mayo para fundamentar la acusación penal con la presentación de los resultados del análisis genético, entre otras pruebas que han surgido de la fase de investigación para iniciar, posteriormente, el proceso propiamente dicho que concluirá con un juicio oral donde serán valoradas todas las pruebas, previo al fallo que será emitido por jueces técnicos y jueces ciudadanos. Medina considera que el juicio se desarrollará en Entre Ríos al existir allí un tribunal de sentencia que debe asumir el caso, excepto que pueda presentarse alguna excusa de los miembros de esta instancia creada a partir de la aplicación del Nuevo Código de Procedimiento Penal, aunque es poco probable, expresó. En cuanto a los plazos establecidos, Medina dijo que, una vez fundamentada la acusación por parte de la Fiscalía es el tribunal de sentencia el que fija la fecha del juicio oral cuyo desarrollo es breve, según la norma existente. La sanción establecida para los casos de estupro contempla de 2 a 6 años de cárcel, mientras que una situación considerada como agravante, aumenta la pena mínima, máxima o intermedia -dependiendo de la valoración que hagan los jueces- en 5 años, explicó Medina. Medina insistió en la figura de estupro agravado al referirse a la condición de dependencia de la menor del párroco Álvarez, además de vivir en la casa parroquial, él estaba encargado de su estudio, alimentación y vestimenta. El párroco también figuraba en los registros de la escuela como tutor de la menor. Por lo señalado, se demuestra que existía dependencia entre la víctima y el victimador, dando lugar a la agravación. Al margen del respeto expresado por la Iglesia Católica, la administradora del Comité Departamental de la Persona con Discapacidad, Rinha Aguirre, expresó que como institución esperan que respondiendo a criterios éticos y morales, tomarán las medidas que el caso amerite. Para Aguirre se trata de un acto de justicia que debe ser respaldado por la Iglesia y no puede estar ajena a lo sucedido, indicó. Los resultados tienen un 99,9 de confiabilidad Con la garantía de un resultado del 99,998 % de confiabilidad, la prueba de ADN efectuada con el rótulo de José Álvarez, dio positivo, según los resultados leídos este lunes 20 de mayo a las 8:30 de la mañana por el Fiscal Provincial de Entre Ríos, Reynaldo Araoz, siendo la autoridad llamada por ley para recibir oficialmente la información contenida en el sobre que debía haber sido entregado el pasado 14 de los corrientes. La conclusión expresa textualmente: “No hay exclusión de paternidad, el individuo cuya muestra fue rotulada como José Álvarez Villalba tiene una probabilidad de 99,998 % de ser el padre biológico del individuo cuya muestra fue rotulada como XX”. La bioquímica Valeria Tórrez, brindó una explicación sobre las gráficas contenidas en el informe que llegó desde la capital chilena. Obispo: la responsabilidad debe asumirla el sacerdote Lo que para la ley es un delito para la religión es pecado, reconoció monseñor Adhemar Esquivel, obispo de Tarija, al declararse impactado por la comprobación de paternidad del párroco José Álvarez de una niña de siete meses, producto de un acto de abuso contra una menor que en el momento del hecho contaba con 14 años de edad. La responsabilidad que implica la paternidad debe ser asumida íntegramente por el responsable, expresó Adhemar Esquivel, al negar cualquier posibilidad de que la Iglesia pueda asumir algún compromiso de apoyo a la niña que, según pruebas científicas, es hija del párroco. Al asegurar que la Iglesia no intervendrá en el proceso judicial a favor de Álvarez y dejará que éste se someta a la justicia, dijo que además se debe apelar a la justicia divina para que el resultado sea justo a un lado y al otro, debiendo como autoridad eclesiástica, interceder por ambas partes. “Yo me ajusto a la justicia divina y espero que los hombres, mis hermanos, recibirán de esa justicia, conforme obren”, expresó el obispo Esquivel, al observar que si bien a alguien ha hecho daño el sacerdote, ese alguien es también una feligrés, y al pedir justicia, debo pensar en ambos, expresó.
Fuente:
http://www.eldeber.com.bo/20020521/nacional_4.html