DOS SENTENCIAS OBLIGAN AL ESTADO ESPAÑOL A INDEMNIZAR A DOCENTES DE RELIGIÓN DESPEDIDOS POR LA IGLESIA CATÓLICA
Los Gobiernos de Canarias y Madrid deberán pagar 10 millones a dos profesores
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<< MADRID, 8 diciembre 2001. Como en un goteo interminable, los jueces
siguen sentenciando que es ilegal despedir a profesores de religión por
causas ajenas al Estatuto de los Trabajadores, pero también imponen, a
veces, sanciones económicas por esa causa. El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ha condenado al Gobierno de Madrid a readmitir o a pagar 4,8
millones de pesetas a una profesora despedida improcedentemente por el
arzobispado, y en Canarias, la Consejería de Educación deberá indemnizar con
cinco millones a un docente castigado por su actividad sindical y despedido
más tarde por el obispo.>>
=== La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), declara
probado que Pilar Martín Márquez fue nombrada en 1985 profesora de religión
por el Ministerio de Educación a propuesta del Arzobispado madrileño. Al
inicio del pasado curso la profesora se encontró con que había sido nombrada
otra persona 'para impartir dichas clases', relata la sentencia. Pilar
Martín permaneció en el centro 'sin tener encomendada ninguna función'
porque 'no se le ha comunicado el cese', añade el fallo judicial.
=== Según la sentencia, confirmada ahora por el TSJM, la actuación de la
autoridad educativa constituyó 'un despido tácito por la cesación en el
abono del salario [y por] impedir el desarrollo del trabajo de la
profesora', incumpliendo, por tanto, 'las formalidades exigidas' por el
Estatuto de los Trabajadores'. El Gobierno de la Comunidad de Madrid es
condenado a readmitirla 'en las mismas condiciones que antes del despido', o
a indemnizarla con 4.807.067 pesetas.
=== El Gobierno canario deberá indemnizar a Ramírez con cinco millones de
pesetas por los 'daños morales' causados cuando lo trasladaron forzosamente
y le redujeron sustancialmente la jornada laboral y el salario que cobraba.
Rafael Ramírez asegura que la decisión del obispado canario de quitarle el
empleo tuvo que ver con sus actividades sindicales, al igual que el despido
de otros ocho docentes que han seguido este año (ampliación de la noticia en
la sección de 'Ciudades' -noticias locales).
Fuente: El País
Redacción: ICPRESS
Los Gobiernos de Canarias y Madrid deberán pagar 10 millones a dos profesores
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<< MADRID, 8 diciembre 2001. Como en un goteo interminable, los jueces
siguen sentenciando que es ilegal despedir a profesores de religión por
causas ajenas al Estatuto de los Trabajadores, pero también imponen, a
veces, sanciones económicas por esa causa. El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ha condenado al Gobierno de Madrid a readmitir o a pagar 4,8
millones de pesetas a una profesora despedida improcedentemente por el
arzobispado, y en Canarias, la Consejería de Educación deberá indemnizar con
cinco millones a un docente castigado por su actividad sindical y despedido
más tarde por el obispo.>>
=== La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), declara
probado que Pilar Martín Márquez fue nombrada en 1985 profesora de religión
por el Ministerio de Educación a propuesta del Arzobispado madrileño. Al
inicio del pasado curso la profesora se encontró con que había sido nombrada
otra persona 'para impartir dichas clases', relata la sentencia. Pilar
Martín permaneció en el centro 'sin tener encomendada ninguna función'
porque 'no se le ha comunicado el cese', añade el fallo judicial.
=== Según la sentencia, confirmada ahora por el TSJM, la actuación de la
autoridad educativa constituyó 'un despido tácito por la cesación en el
abono del salario [y por] impedir el desarrollo del trabajo de la
profesora', incumpliendo, por tanto, 'las formalidades exigidas' por el
Estatuto de los Trabajadores'. El Gobierno de la Comunidad de Madrid es
condenado a readmitirla 'en las mismas condiciones que antes del despido', o
a indemnizarla con 4.807.067 pesetas.
=== El Gobierno canario deberá indemnizar a Ramírez con cinco millones de
pesetas por los 'daños morales' causados cuando lo trasladaron forzosamente
y le redujeron sustancialmente la jornada laboral y el salario que cobraba.
Rafael Ramírez asegura que la decisión del obispado canario de quitarle el
empleo tuvo que ver con sus actividades sindicales, al igual que el despido
de otros ocho docentes que han seguido este año (ampliación de la noticia en
la sección de 'Ciudades' -noticias locales).
Fuente: El País
Redacción: ICPRESS