Jueves, 9 de marzo de 2006 - 02:02 GMT
Hito para la mujer en México
Carlos Chirinos
BBC Mundo, Washington
El gobierno de México firmó un acuerdo amistoso con Paulina Ramírez, una muchacha del estado de Baja California que en 1999 fue violada, y que pese a que tenía derecho a un aborto éste le fue impedido por los médicos que debían realizárselo.
Lea: Alarma por violaciones
El aborto en casos de violación, o riesgo a la salud del feto o de la madre, es legal en México.
Sin embargo los denunciantes aseguraban que los funcionarios ejercen una gran discrecionalidad en la que entran consideraciones religiosas o morales.
El gobierno mexicano ha reconocido ese vacío normativo y se comprometió a tomar las medidas para solucionarlo, además de ayudar a Paulina en el sustento de su hijo.
El acuerdo del caso "Paulina" fue firmado en Washington, donde sesiona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual en 2002 fue presentada la denuncia por organizaciones de defensa de derechos de la mujer.
Luisa Cabral, directora del programa internacional del Centro de Derechos Reproductivos, una de las organizaciones demandantes, le aseguró a BBC Mundo que se trata de "un acuerdo histórico sin antecedentes en nuestra región".
Lea también: Justicia para Paulina
--------------------------------------------------------------------------------
¿De qué se trata el caso Paulina?
Esta chica había sido violada cuando tenía trece años, por unos ladrones que entraron a su casa. Ella queda embarazada como resultado de esta violación. Cumple todos los requisitos de la ley, va al Ministerio Público para que le autoricen la interrupción legal del embarazo, se la otorgan, va al hospital público.
Allí empieza la pesadilla para Paulina. Los médicos dicen que sí le van a hacer el aborto, después que no. La dejan siete días en el hospital.
¿Por qué razón, si le habían autorizado el aborto?
A pesar de que las mujeres en muchos países tienen derecho (a abortar) en casos de violación, en los hospitales o los ministerios públicos que tienen que autorizarlo, por convicciones personales ya sean religiosos o morales, deciden cómo aplican o no la ley
Ese es el quid del asunto: que en nuestra región, no sólo en México, a pesar de que las mujeres en muchos países tienen derecho en casos de violación, en los hospitales o los ministerios públicos que tienen que autorizarlos, por convicciones personales ya sean religiosos o morales, deciden cómo aplican o no la ley, a su antojo personal, y eso fue lo que le pasó a Paulina.
¿O sea que no es política de los centros de salud, sino de discrecionalidad individual?
Exactamente. Entonces las mujeres quedan a merced de un médico o una enfermera que deciden a su antojo si en ese caso específico le dan acceso al servicio médico.
Pero ¿cómo justifica el personal médico esas actuaciones?
Eso es injustificable. Y lo que hizo el gobierno estatal (Baja California) y federal (México) es hacer un reconocimiento internacional de que este vacío normativo, esta falta de regulación para los servidores públicos, genera violaciones de derechos humanos.
Ese fue el triunfo: que hubiera una responsabilidad concreta en el que se estableciera que no es suficiente con que la ley diga que el aborto es legal en casos de violación.
Pero al final eso también es letra, ¿cómo se va garantizar que se va a cumplir?
Esa es la función del gobierno estatal y ese es el compromiso que tienen. Con una reglamentación y con el hecho de que las mujeres empiecen a conocer que hay esta reglamentación y que por lo tanto no les puede pasar lo que le pasó a Paulina.
Y es también un compromiso de las Organizaciones No Gubernamentales que vamos a seguir monitoreando para que ese compromiso se cumpla.
¿Qué tan común es el caso de Paulina en México?
(El martes) Human Rights Watch lanzó el primer reporte sobre aborto en México estableciendo que el caso Paulina no es un caso aislado. Ellos lograron documentar cómo a muchas mujeres que podrían tener acceso a un aborto legal se les deniega.
Lo que nosotros hemos logrado ver es que mujeres alrededor de Latinoamérica que tienen derecho bajo la ley a un aborto legal, no tienen acceso
Yo iría más allá de México, porque lo que nosotros hemos logrado ver es que mujeres alrededor de Latinoamérica que tienen derecho bajo la ley a un aborto legal, no tienen acceso.
Lo que queremos es visibilizar este tipo de casos para que las mujeres en todos nuestros países empiecen a exigir ese derecho.
¿Tienen un estimado de cuántas mujeres estarían sufriendo ese problema anualmente?
En nuestra región hay cerca de 4 millones de abortos al año.
¿Legales?
Legales e ilegales. Ese es el problema con la ilegalidad. Como en muchos de nuestros países, sólo hay unas pocas excepciones, que por lo general son el aborto terapéutico, el aborto cuando sufre peligro la vida de la mujer, o el aborto en casos de violación.
Por la falta de acceso las mujeres deciden ir a la clandestinidad y entonces hay este tipo de abortos que se producen en condiciones de riesgo. Nosotros lo que queremos es que no haya tanto estigma y que las mujeres puedan realizar este procedimiento en condiciones sanitarias.
En América Latina ¿dónde dirían que la situación es más compleja?
Es más compleja en donde está penalizado de manera absoluta, por ejemplo: Chile, Colombia, El Salvador.
Nosotros hemos tenido reportes de que en El Salvador, que cambió su ley en el '98 y su constitución para eliminar cualquier posibilidad de aborto legal, ni siquiera se permite cuando hay un embarazo ectópico, o sea un embarazo que ocurre en la trompa de falopio y que por tanto es completamente inviable, y que pone en riesgo la vida de la mujer.
Las mujeres están abortando porque en muchos casos no hay acceso a educación sexual, no hay acceso a información sobre anticonceptivos y no hay acceso a anticonceptivos.
Sólo cuando la mujer está a punto de morir se le interrumpe el embarazo.
Pero desafortunadamente como lo revela este caso mexicano, aún cuando hay excepciones a las mujeres se les niega esta posibilidad, porque existe un estigma con el tema del aborto.
Ese es el gran reto, cómo le quitamos el estigma al aborto cuando las cifras nos muestran que las mujeres a diario están abortando. Hay una doble moral, a veces la mujer dice "mi caso es un caso particular, pero yo estoy en contra del aborto".
Las cifras nos están demostrando que las mujeres están abortando porque en muchos casos no hay acceso a educación sexual, no hay acceso a información sobre anticonceptivos y no hay acceso a anticonceptivos.
¿Pero se usa el aborto como un anticonceptivo extremo?
Las cifras demuestran que las mujeres cuando tienen acceso a educación, a información sexual y anticonceptivos, no acuden a un aborto, salvo casos extremos. Por ejemplo en Holanda, donde el aborto está disponible, las cifras se reducen.
Las cifras demuestran que las mujeres cuando tienen acceso a educación, a información sexual y anticonceptivos, no acuden a un aborto (...) Por ejemplo en Holanda, donde el aborto está disponible, las cifras se reducen
Es un mito decir que porque el aborto está disponible entonces las mujeres lo van a utilizar como un método anticonceptivo y sin responsabilidad.
Nosotros creemos que los derechos reproductivos son parte de un paquete que debe incluir derecho a educación sexual, derecho a anticoncepción y derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijos.
¿Cómo percibe el aborto la gente en América Latina?
Yo creo que hay una tendencia hacia un cambio de opinión. Por ejemplo, en Colombia hay una demanda en la Corte Constitucional contra la penalización absoluta del aborto. Y esta demanda ha logrado, junto con la información en los medios de comunicación, cambiar los términos del debate.
Es empezar a establecer que cada quién puede tener su moral individual que afecta cómo se conduce en su vida privada, pero que otra cuestión es la cuestión de políticas de Estado. Y que hay una cuestión de salud pública que es que las mujeres continúan muriendo por las condiciones en que se realiza el aborto.
Todo esto empieza a mostrar que hay una apertura a abordar esto, no sólo desde una perspectiva de moral, de religión, sino más allá desde una perspectiva constitucional de derechos humanos que hacia falta tener este debate en la región.
Hito para la mujer en México
Carlos Chirinos
BBC Mundo, Washington
El gobierno de México firmó un acuerdo amistoso con Paulina Ramírez, una muchacha del estado de Baja California que en 1999 fue violada, y que pese a que tenía derecho a un aborto éste le fue impedido por los médicos que debían realizárselo.
Lea: Alarma por violaciones
El aborto en casos de violación, o riesgo a la salud del feto o de la madre, es legal en México.
Sin embargo los denunciantes aseguraban que los funcionarios ejercen una gran discrecionalidad en la que entran consideraciones religiosas o morales.
El gobierno mexicano ha reconocido ese vacío normativo y se comprometió a tomar las medidas para solucionarlo, además de ayudar a Paulina en el sustento de su hijo.
El acuerdo del caso "Paulina" fue firmado en Washington, donde sesiona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual en 2002 fue presentada la denuncia por organizaciones de defensa de derechos de la mujer.
Luisa Cabral, directora del programa internacional del Centro de Derechos Reproductivos, una de las organizaciones demandantes, le aseguró a BBC Mundo que se trata de "un acuerdo histórico sin antecedentes en nuestra región".
Lea también: Justicia para Paulina
--------------------------------------------------------------------------------
¿De qué se trata el caso Paulina?
Esta chica había sido violada cuando tenía trece años, por unos ladrones que entraron a su casa. Ella queda embarazada como resultado de esta violación. Cumple todos los requisitos de la ley, va al Ministerio Público para que le autoricen la interrupción legal del embarazo, se la otorgan, va al hospital público.
Allí empieza la pesadilla para Paulina. Los médicos dicen que sí le van a hacer el aborto, después que no. La dejan siete días en el hospital.
¿Por qué razón, si le habían autorizado el aborto?
A pesar de que las mujeres en muchos países tienen derecho (a abortar) en casos de violación, en los hospitales o los ministerios públicos que tienen que autorizarlo, por convicciones personales ya sean religiosos o morales, deciden cómo aplican o no la ley
Ese es el quid del asunto: que en nuestra región, no sólo en México, a pesar de que las mujeres en muchos países tienen derecho en casos de violación, en los hospitales o los ministerios públicos que tienen que autorizarlos, por convicciones personales ya sean religiosos o morales, deciden cómo aplican o no la ley, a su antojo personal, y eso fue lo que le pasó a Paulina.
¿O sea que no es política de los centros de salud, sino de discrecionalidad individual?
Exactamente. Entonces las mujeres quedan a merced de un médico o una enfermera que deciden a su antojo si en ese caso específico le dan acceso al servicio médico.
Pero ¿cómo justifica el personal médico esas actuaciones?
Eso es injustificable. Y lo que hizo el gobierno estatal (Baja California) y federal (México) es hacer un reconocimiento internacional de que este vacío normativo, esta falta de regulación para los servidores públicos, genera violaciones de derechos humanos.
Ese fue el triunfo: que hubiera una responsabilidad concreta en el que se estableciera que no es suficiente con que la ley diga que el aborto es legal en casos de violación.
Pero al final eso también es letra, ¿cómo se va garantizar que se va a cumplir?
Esa es la función del gobierno estatal y ese es el compromiso que tienen. Con una reglamentación y con el hecho de que las mujeres empiecen a conocer que hay esta reglamentación y que por lo tanto no les puede pasar lo que le pasó a Paulina.
Y es también un compromiso de las Organizaciones No Gubernamentales que vamos a seguir monitoreando para que ese compromiso se cumpla.
¿Qué tan común es el caso de Paulina en México?
(El martes) Human Rights Watch lanzó el primer reporte sobre aborto en México estableciendo que el caso Paulina no es un caso aislado. Ellos lograron documentar cómo a muchas mujeres que podrían tener acceso a un aborto legal se les deniega.
Lo que nosotros hemos logrado ver es que mujeres alrededor de Latinoamérica que tienen derecho bajo la ley a un aborto legal, no tienen acceso
Yo iría más allá de México, porque lo que nosotros hemos logrado ver es que mujeres alrededor de Latinoamérica que tienen derecho bajo la ley a un aborto legal, no tienen acceso.
Lo que queremos es visibilizar este tipo de casos para que las mujeres en todos nuestros países empiecen a exigir ese derecho.
¿Tienen un estimado de cuántas mujeres estarían sufriendo ese problema anualmente?
En nuestra región hay cerca de 4 millones de abortos al año.
¿Legales?
Legales e ilegales. Ese es el problema con la ilegalidad. Como en muchos de nuestros países, sólo hay unas pocas excepciones, que por lo general son el aborto terapéutico, el aborto cuando sufre peligro la vida de la mujer, o el aborto en casos de violación.
Por la falta de acceso las mujeres deciden ir a la clandestinidad y entonces hay este tipo de abortos que se producen en condiciones de riesgo. Nosotros lo que queremos es que no haya tanto estigma y que las mujeres puedan realizar este procedimiento en condiciones sanitarias.
En América Latina ¿dónde dirían que la situación es más compleja?
Es más compleja en donde está penalizado de manera absoluta, por ejemplo: Chile, Colombia, El Salvador.
Nosotros hemos tenido reportes de que en El Salvador, que cambió su ley en el '98 y su constitución para eliminar cualquier posibilidad de aborto legal, ni siquiera se permite cuando hay un embarazo ectópico, o sea un embarazo que ocurre en la trompa de falopio y que por tanto es completamente inviable, y que pone en riesgo la vida de la mujer.
Las mujeres están abortando porque en muchos casos no hay acceso a educación sexual, no hay acceso a información sobre anticonceptivos y no hay acceso a anticonceptivos.
Sólo cuando la mujer está a punto de morir se le interrumpe el embarazo.
Pero desafortunadamente como lo revela este caso mexicano, aún cuando hay excepciones a las mujeres se les niega esta posibilidad, porque existe un estigma con el tema del aborto.
Ese es el gran reto, cómo le quitamos el estigma al aborto cuando las cifras nos muestran que las mujeres a diario están abortando. Hay una doble moral, a veces la mujer dice "mi caso es un caso particular, pero yo estoy en contra del aborto".
Las cifras nos están demostrando que las mujeres están abortando porque en muchos casos no hay acceso a educación sexual, no hay acceso a información sobre anticonceptivos y no hay acceso a anticonceptivos.
¿Pero se usa el aborto como un anticonceptivo extremo?
Las cifras demuestran que las mujeres cuando tienen acceso a educación, a información sexual y anticonceptivos, no acuden a un aborto, salvo casos extremos. Por ejemplo en Holanda, donde el aborto está disponible, las cifras se reducen.
Las cifras demuestran que las mujeres cuando tienen acceso a educación, a información sexual y anticonceptivos, no acuden a un aborto (...) Por ejemplo en Holanda, donde el aborto está disponible, las cifras se reducen
Es un mito decir que porque el aborto está disponible entonces las mujeres lo van a utilizar como un método anticonceptivo y sin responsabilidad.
Nosotros creemos que los derechos reproductivos son parte de un paquete que debe incluir derecho a educación sexual, derecho a anticoncepción y derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijos.
¿Cómo percibe el aborto la gente en América Latina?
Yo creo que hay una tendencia hacia un cambio de opinión. Por ejemplo, en Colombia hay una demanda en la Corte Constitucional contra la penalización absoluta del aborto. Y esta demanda ha logrado, junto con la información en los medios de comunicación, cambiar los términos del debate.
Es empezar a establecer que cada quién puede tener su moral individual que afecta cómo se conduce en su vida privada, pero que otra cuestión es la cuestión de políticas de Estado. Y que hay una cuestión de salud pública que es que las mujeres continúan muriendo por las condiciones en que se realiza el aborto.
Todo esto empieza a mostrar que hay una apertura a abordar esto, no sólo desde una perspectiva de moral, de religión, sino más allá desde una perspectiva constitucional de derechos humanos que hacia falta tener este debate en la región.
