Cuidado con el ‘ordinariato’1291032Carlos Guevara Mann
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El papa Benedicto XVI expresó su esperanza de que el acuerdo para la creación de un obispado militar u ordinariato castrense, que atienda las necesidades espirituales de los servicios panameños de seguridad, sea “prontamente ratificado” por Panamá (Boletín Diario de la Santa Sede, 30 de octubre). En respuesta, el presidente de la Asamblea Nacional, José Luis Varela, dijo –según El Siglo (9 de noviembre)– “que hará todo lo posible para que el mismo sea ratificado una vez el Ejecutivo lo presente a consideración de este órgano del Estado”.
Un tratamiento ligero o superficial de este tema podría causar grave daño a la reputación del Gobierno Nacional y la Santa Sede. Para evitarlo, sugiero que ambas partes tomen en cuenta las siguientes acotaciones.
El acuerdo, como lo recordó el Papa, fue firmado por el nuncio apostólico Giacomo Ottonello y el canciller Samuel Lewis Navarro el 1 de julio de 2005. El 14 de septiembre de 2006 fue presentado a la Asamblea Nacional por el vicecanciller Ricardo Durán, para su ratificación según el procedimiento constitucional vigente (Art. 159, numeral 2; Art. 184, numeral 9). Allí ha permanecido desde entonces, sin recibir el trámite legislativo, probablemente por la férrea oposición que en el período pasado recibió de parte de algunos diputados evangélicos.
Por las razones que han expuesto el recordado ex presidente Guillermo Endara (q.e.p.d.), Carlos Iván Zúñiga (q.e.p.d.) Roberto Eisenmann, Miguel Antonio Bernal, Alexis Soto, Jorge Gamboa Arosemena y otros analistas, el acuerdo para la creación de un obispado militar en Panamá es inconstitucional. La Asamblea Nacional, por lo tanto, no puede aprobarlo sin violar la Constitución, lo que le está terminantemente vedado según el numeral 2 del Art. 163 de la ley fundamental, que señala: “Es prohibido a la Asamblea Nacional ... Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución”.
Al menos en una instancia, el convenio en mención contraría la letra de la Constitución. El Art. 45 de la ley fundamental estatuye: “Los ministros de los cultos religiosos, además de las funciones inherentes a su misión, solo podrán ejercer los cargos públicos que se relacionen con la asistencia social, la educación o la investigación científica”.
Pero al disponer que el Estado proveerá “los medios para el sustento material del personal del ordinariato” (Art. 1) y preceptuar que los capellanes son miembros “de la Fuerza Pública y de las entidades conexas” (Art. 6), el acuerdo convierte a dichos ministros de la Iglesia católica en funcionarios públicos de los organismos de seguridad, lo que claramente viola el texto constitucional.
En varios otros aspectos, el acuerdo contraría el espíritu de la Constitución. El Art. 19 establece: “No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”. El convenio para la creación del ordinariato castrense, sin embargo, establece para la religión católica un acceso privilegiado a los miembros de la fuerza pública, que los otros credos religiosos no poseen.
El Art. 35 de la Constitución estatuye la libertad de cultos, uno de los puntales del sistema democrático. La primera parte señala: “Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicios de todos los cultos”.
Según el espíritu de este artículo, la adhesión a un determinado credo religioso (o a ninguno) es decisión privativa de cada ciudadano: un tema que compete exclusivamente a la esfera privada. No es competencia del Estado fomentar ninguna religión, lo cual estaría haciéndose a través del acuerdo para la creación de un ordinariato castrense de la Iglesia católica.
De acuerdo con el Art. 310 de la Constitución, “La República de Panamá no tendrá ejército”. ¿Cómo puede existir un obispado militar en un país que no tiene ejército?
Este punto tiene implicaciones que van más allá de la lógica y la semántica. Como lo explicó el ex presidente Endara en un escrito que circuló en julio de 2005, el ejército y el militarismo causaron en nuestro medio “inmensos sacrificios en vidas, heridos, exilios, carcelazos, golpizas, torturas, y grandes sufrimientos físicos, psicológicos y morales”. La Santa Sede, a través de su Nunciatura en Panamá y su Secretaría de Estado, debe entenderlo.
Cualquier medida para promover el militarismo, por envuelta que venga en consideraciones espirituales, produce alarma y rechazo en la ciudadanía. Ojalá nuestra nueva embajadora en el Vaticano, Delia Cárdenas –persona con firmes convicciones democráticas y civilistas– pueda explicarles esto a los responsables de la política exterior de la Santa Sede, así como a quienes tienen que ver con el asunto en Panamá.
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El papa Benedicto XVI expresó su esperanza de que el acuerdo para la creación de un obispado militar u ordinariato castrense, que atienda las necesidades espirituales de los servicios panameños de seguridad, sea “prontamente ratificado” por Panamá (Boletín Diario de la Santa Sede, 30 de octubre). En respuesta, el presidente de la Asamblea Nacional, José Luis Varela, dijo –según El Siglo (9 de noviembre)– “que hará todo lo posible para que el mismo sea ratificado una vez el Ejecutivo lo presente a consideración de este órgano del Estado”.
Un tratamiento ligero o superficial de este tema podría causar grave daño a la reputación del Gobierno Nacional y la Santa Sede. Para evitarlo, sugiero que ambas partes tomen en cuenta las siguientes acotaciones.
El acuerdo, como lo recordó el Papa, fue firmado por el nuncio apostólico Giacomo Ottonello y el canciller Samuel Lewis Navarro el 1 de julio de 2005. El 14 de septiembre de 2006 fue presentado a la Asamblea Nacional por el vicecanciller Ricardo Durán, para su ratificación según el procedimiento constitucional vigente (Art. 159, numeral 2; Art. 184, numeral 9). Allí ha permanecido desde entonces, sin recibir el trámite legislativo, probablemente por la férrea oposición que en el período pasado recibió de parte de algunos diputados evangélicos.
Por las razones que han expuesto el recordado ex presidente Guillermo Endara (q.e.p.d.), Carlos Iván Zúñiga (q.e.p.d.) Roberto Eisenmann, Miguel Antonio Bernal, Alexis Soto, Jorge Gamboa Arosemena y otros analistas, el acuerdo para la creación de un obispado militar en Panamá es inconstitucional. La Asamblea Nacional, por lo tanto, no puede aprobarlo sin violar la Constitución, lo que le está terminantemente vedado según el numeral 2 del Art. 163 de la ley fundamental, que señala: “Es prohibido a la Asamblea Nacional ... Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución”.
Al menos en una instancia, el convenio en mención contraría la letra de la Constitución. El Art. 45 de la ley fundamental estatuye: “Los ministros de los cultos religiosos, además de las funciones inherentes a su misión, solo podrán ejercer los cargos públicos que se relacionen con la asistencia social, la educación o la investigación científica”.
Pero al disponer que el Estado proveerá “los medios para el sustento material del personal del ordinariato” (Art. 1) y preceptuar que los capellanes son miembros “de la Fuerza Pública y de las entidades conexas” (Art. 6), el acuerdo convierte a dichos ministros de la Iglesia católica en funcionarios públicos de los organismos de seguridad, lo que claramente viola el texto constitucional.
En varios otros aspectos, el acuerdo contraría el espíritu de la Constitución. El Art. 19 establece: “No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”. El convenio para la creación del ordinariato castrense, sin embargo, establece para la religión católica un acceso privilegiado a los miembros de la fuerza pública, que los otros credos religiosos no poseen.
El Art. 35 de la Constitución estatuye la libertad de cultos, uno de los puntales del sistema democrático. La primera parte señala: “Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicios de todos los cultos”.
Según el espíritu de este artículo, la adhesión a un determinado credo religioso (o a ninguno) es decisión privativa de cada ciudadano: un tema que compete exclusivamente a la esfera privada. No es competencia del Estado fomentar ninguna religión, lo cual estaría haciéndose a través del acuerdo para la creación de un ordinariato castrense de la Iglesia católica.
De acuerdo con el Art. 310 de la Constitución, “La República de Panamá no tendrá ejército”. ¿Cómo puede existir un obispado militar en un país que no tiene ejército?
Este punto tiene implicaciones que van más allá de la lógica y la semántica. Como lo explicó el ex presidente Endara en un escrito que circuló en julio de 2005, el ejército y el militarismo causaron en nuestro medio “inmensos sacrificios en vidas, heridos, exilios, carcelazos, golpizas, torturas, y grandes sufrimientos físicos, psicológicos y morales”. La Santa Sede, a través de su Nunciatura en Panamá y su Secretaría de Estado, debe entenderlo.
Cualquier medida para promover el militarismo, por envuelta que venga en consideraciones espirituales, produce alarma y rechazo en la ciudadanía. Ojalá nuestra nueva embajadora en el Vaticano, Delia Cárdenas –persona con firmes convicciones democráticas y civilistas– pueda explicarles esto a los responsables de la política exterior de la Santa Sede, así como a quienes tienen que ver con el asunto en Panamá.